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Bonos, opción en defensa de los recursos de La Rioja

EDITORIAL: Por tercera vez, en 40 años, La Rioja emitirá Bonos de Cancelación de Deudas por la crisis económica. En 1986, con la efigie de Facundo Quiroga, al valor en australes. Una fenomenal hiperinflación obligó a pagar con bonos los salarios. Una segunda emisión, en el 2001, el fin de la convertibilidad menemista, un dólar-un peso, y bonos con la imagen de Evita y valor en pesos.



Ahora, en otra crisis, la Legislatura los aprobó con mayoría justicialista y oposición de la UCR y LLA que denunciaron inconstitucionalidad, depreciación por prácticas usurarias y falta de respaldo financiero, entre otras. Entrarían en circulación en tres meses, si se emiten en papel –o en menos tiempo si es virtual o tarjeta–, por ahora, en febrero, los salarios serán en pesos.

El gobierno justificó la emisión del nuevo BOCADE en la restricción de fondos hacia las provincias y especialmente a La Rioja. El protagonismo nacional que el gobernador Quintela le imprime a su gestión tiene costos, tanto por la enorme distancia ideológica que lo separa del libertario Jefe de Estado, como por la presencia del presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, quien no pierde oportunidad de cuestionar la administración de fondos del mandatario provincial en algunos casos con razón y en otros, usando información falsa o desactualizada.

A la brutal devaluación que diezmó salarios e ingresos a las arcas provinciales, se sumó la histórica lucha por la Coparticipación. “No son transferencias discrecionales”, sino porcentajes de la Coparticipación Federal de Impuestos, en compensación al punto perdido en 1988, dirá la demanda que se presentará ante la Corte Suprema contra el gobierno nacional por el dinero que falta en la provincia.

La lucha de La Rioja como parte de un país federal, viene desde los albores de la independencia. El centralismo porteño ha sido caja de resonancia de cada reclamo, siempre altisonante y los proyectos por sacarla del ostracismo han sido una constante. En 1817, con el apoyo de Belgrano comenzó el proyecto de instalar una Casa de Moneda; para 1823, La Rioja, estuvo entre las cuatro provincias que acuñaron moneda propia para superar la dura realidad que imponía la época https:// publicaciones.fcnym.unlp.edu.ar/rmlp/article/ view/1126.

El 15 de agosto de 1824, la Junta de Representantes autorizó la Casa de la Moneda. El gobernador Agüero dio las razones: explotar “el cerro de Famatina como único recurso (…) a que ni la agricultura ni la escasez del arroyo, ni el comercio, (…) pueden preparar un progreso que rediman estos habitantes de las privaciones que sufren…” (https://ifinra.org/2018/08/15/15- de-agosto-1824-establecimiento-de-una-casa-de-moneda-en-la-rioja/).

La iniciativa impulsada por Facundo Quiroga encontró eco en una sociedad de capitales nacionales; pero el entonces ministro Rivadavia comenzó a operar en favor de una empresa inglesa. La Rioja siguió acuñando hasta 1835, cuando fue asesinado Quiroga y se nacionalizaron las minas. El Famatina pasó a manos de los ingleses con las consecuencias conocidas. Una Casa de Moneda era para la época, una política de Estado, tanto que Castro Barros y luego Ventura Vazquez, congresales, tenían por misión defender “la fe católica, la Casa de la Moneda y los minerales de la provincia”.

Este proyecto de los riojanos, al decir del escritor Víctor Robledo en “Facundo, el Tigre de los Federales” (Bs.As., 2022) permaneció durante medio siglo como “la única posibilidad de salida de la dependencia económica que aún hoy tiene La Rioja de los recursos coparticipables de la Nación”.

Los BOCADE aprobados esta semana no son moneda, pero siguen el hilo conductor de la historia riojana en defender los recursos y evitar una caída en la calidad de vida de los riojanos, más allá de los riesgos –que los hay– en las implicancias de su uso. Los que se oponen dicen que generan pérdida del poder adquisitivo sea por inflación directa, precios diferenciales o desvalorización y hasta por falta de confianza; no producen reactivación económica, perjudican a las empresas que pagan impuestos nacionales en pesos, desordenan el sistema monetario y el rescate es dificultoso, sin ayuda del gobierno nacional.

Mucho de cierto hay en las consecuencias negativas de los bonos, pero hay una realidad, una situación de emergencia, un problema inmediato: hay que pagar sueldos y hay que dar aumentos salariales en medio de una crisis grave, una inflación autoinfligida, para mantener la actividad económica y la paz social. De la adhesión o confianza dependerá el éxito. Hasta ahora, se han conocido más adhesiones que rechazos, pero la prueba de fuego estará en los primeros meses de distribución. La Cámara de Industriales Olivícolas, Cámara de la Construcción, Centro Comercial e Industrial, Cámara Empresarial, Mujeres CAME delegación La Rioja y grandes súper e hipermercados instalados en Capital han anunciado que los recibirán a valor peso. Resta saber, los negocios de barrio y los kioscos –entre otros sectores económicos–.

Los servicios que presta el Estado se podrán pagar con BOCADE, uno a uno, con el 30 por ciento en bonos que recibirán los empleados públicos. El caudillo “Chacho” Peñaloza identificará a los BOCADE, y es bueno recordar su manifiesto de 1868: “La Nación Argentina goza de una renta de diez millones de duros, que producen las provincias con el sudor de su frente. Y sin embargo, (…) Buenos Aires, a título de Capital es la provincia única que ha gozado del enorme producto del país entero, mientras los demás pueblos, pobres y arruinados (…)”. Habría que agregar que nada cambió y las políticas monetarias, financieras, económicas, sociales, judiciales y culturales incluidas en el DNU y la Ley Ómnibus se redactaron en estudios y consultoras porteñas, por fuera del Congreso nacional.