La provincia de La Rioja ha desencadenado un debate judicial de gran relevancia nacional al presentar una acción declarativa de certeza contra el decreto de necesidad y urgencia 70/2023, emitido por el Estado Nacional el 21 de diciembre de 2023. En su reclamo, desde la provincia argumentan que dicho decreto es inconstitucional y contraviene preceptos fundamentales tanto de la Constitución Nacional como de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

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El gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, en representación de la provincia, ha fundamentado su posición señalando que el decreto 70/2023 afecta gravemente el orden jurídico e institucional federal. Alega que el Estado Nacional ha usurpado funciones legislativas reservadas al Congreso de la Nación, lo que constituye un atropello institucional y un daño irreparable al sistema democrático. Y Señala además que “dicho decreto afecta concretamente a La Rioja por cuanto se alteran múltiples actividades productivas y económicas, y se conmueven relaciones jurídicas que esa provincia mantiene con terceros”.

En su solicitud, La Rioja pide una medida cautelar de no innovar para suspender los efectos del citado decreto hasta que se resuelva definitivamente el caso. Además, solicita al Poder Ejecutivo Nacional que se abstenga de aplicar cualquier disposición del decreto cuestionado mientras dure el proceso judicial.

El Ministerio Público, luego de recibir la vista de la Corte Suprema de Justicia el 29 de diciembre de 2023, ha dictaminado que el proceso debe tramitarse ante la competencia originaria de la Corte. Esto significa que el caso tendrá un alcance nacional y será analizado directamente por el máximo tribunal del país.

Con esta acción judicial, La Rioja busca defender sus intereses y derechos frente a lo que considera un acto de suma gravedad institucional por parte del Estado Nacional.

 

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