Los botiquines del plan Remediar son y seguirán siendo -de acá a septiembre- cada vez más flacos. A esto se suma información recientemente difundida por Chequeado, según la cual el Gobierno destinó al plan Remediar (en 2026) $36.054 millones; 72% menos respecto de lo ejecutado en 2023, según datos de la subsecretaría de Presupuesto de la Nación. La Rioja aparece entre las provincias más perjudicadas.

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Informes recogidos por varios medios de comunicación corroboró que el vademecum del Remediar incluye, en realidad, algo más de 100 remedios diferentes, un dato verificable en los formularios que usan los profesionales de la salud de los CAPS, donde cada vez que indican un tratamiento y le entregan las cajitas de remedios al paciente deben tildar la droga dispensada. Sin embargo, dice el trabajo del CIIPS-IECS (organización que maneja el ex ministro de Salud Adolfo Rubinstein), las canastas del Remediar vienen incluyendo 75 presentaciones, que entre abril y septiembre se achicarán a sólo 30.

Desde el entorno del ministro de Salud, Mario Lugones, confirmaron a Clarín que el recorte será creciente. Dijeron que ya “los botiquines distribuidos en abril-mayo contenían 30 medicamentos” y que en la entrega siguiente (correspondiente a julio) se daría un “botiquín de transición con 22 o 23 medicamentos, en seis entregas mensuales”.

En cuanto a los CAPS, ratificaron que las últimas veces no llevaron remedios a 8.100 centros, como denunciaba el informe citado, pero tampoco a los 7.800 que, aclara la web oficial del plan Remediar, componen la red de CAPS a nivel país. “Sólo se incluyeron los centros que cumplieron con el envío de reportes de datos”, señalaron. El resto, explicaron, fue “suspendido o inhabilitado por incumplimiento en la rendición de reportes”.

Los recortes buscan delegar a las provincias la responsabilidad y competencias de estas y otras coberturas, siempre partiendo de la plena convicción de que la salud es, por definición constitucional, potestad de las provincias. Es un asunto discutible, opinan sanitaristas que ponen en primer plano el mandato que la Constitución nacional igualmente deposita en el Estado nacional, responsable de proteger la salud de la población, según garantiza -entre otros- el artículo 42.

A ese argumento hay que sumar que este y otros planes sociales se sostienen con impuestos que aportan los habitantes de todas las provincias por eso la distribución de esos recursos debe volver a todas las familias, especialmente las más vulnerables.

Un mapa elaborado por el diario Clarín muestra en rojo las provincias con recortes superiores al 60%; en rosa entre 48% y 60% entre las que está La Rioja; hasta 48% en rosa claro y menos de 38% en celeste.

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