Los cuarteles dejaron de colaborar fuera de sus jurisdicciones. La ley 9.039 lleva nueve años sin aplicación integral.

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Los bomberos voluntarios de Tucumán realizaron este lunes un “sirenazo” frente a la Casa de Gobierno para reclamarle a la administración de Osvaldo Jaldo los recursos y beneficios que continúan pendientes pese a estar contemplados en una ley provincial sancionada en 2017.

Los cuarteles nucleados en la Federación 3 de Junio ya comenzaron a restringir los servicios extraordinarios fuera de sus respectivas jurisdicciones. Cada institución seguirá atendiendo las emergencias de su localidad, pero suspendió la colaboración habitual con otras asociaciones y con operativos requeridos por Defensa Civil.

La medida representa una señal de alarma para el sistema provincial. La asistencia conjunta entre cuarteles resulta indispensable ante incendios de gran magnitud, accidentes múltiples y rescates que demandan más personal, vehículos o equipamiento del que puede aportar una sola institución.

Los bomberos concentrarán sus unidades en el Parque 9 de Julio y marcharán hasta la Plaza Independencia bajo la consigna “Unidos por un sistema fuerte y con recursos”. La protesta busca obtener una respuesta concreta del Poder Ejecutivo después de reuniones y manifestaciones de apoyo que no se tradujeron en partidas permanentes.

El reclamo provincial se concentra en la aplicación integral de la Ley 9.039, sancionada hace nueve años. Los representantes del sector aseguran que todavía no se implementaron plenamente el subsidio para sostener los cuarteles, la cobertura de salud para los voluntarios que carecen de obra social y la pensión correspondiente a quienes superen los 25 años de servicio.

La situación también está atravesada por demoras nacionales. Según la Federación, hasta julio sólo alrededor del 30 por ciento de las instituciones incluidas en el padrón del país había recibido las transferencias correspondientes. Sin embargo, esa deuda de la Nación no libera al Gobierno tucumano de cumplir su propia legislación.

El vicegobernador Miguel Acevedo recibió a representantes de la Federación el 17 de julio y expresó su acompañamiento institucional. Diez días después, los bomberos continúan reclamando que el respaldo político se transforme en dinero, cobertura médica y mecanismos estables de asistencia.

La página oficial de Defensa Civil reconoce a la Federación, enumera más de veinte asociaciones y publica tanto la ley como su decreto reglamentario. Por lo tanto, el Ejecutivo conoce la extensión del sistema y la cantidad de instituciones que dependen de una estructura financiera que los propios bomberos califican como crítica.

Los voluntarios aclararon que no pretenden abandonar las emergencias dentro de sus comunidades. La restricción busca demostrar que la cooperación provincial no puede sostenerse únicamente con rifas, donaciones, aportes ocasionales y el esfuerzo personal de quienes arriesgan la vida.

Jaldo deberá explicar qué artículos de la Ley 9.039 siguen pendientes, cuánto dinero presupuestó la Provincia durante 2026 y cuándo se activarán la obra social y las pensiones prometidas. Después de nueve años, la falta de aplicación ya no puede atribuirse a una demora administrativa.

El sirenazo de este lunes no reclama un nuevo privilegio. Reclama que el Gobierno cumpla una norma vigente antes de que la escasez de recursos termine debilitando la respuesta ante una emergencia real.

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