Referentes de la economía solidaria provincial se congregaron para analizar el impacto de la medida nacional que suspende e íntima a 92 entidades locales. Emitieron un duro documento de rechazo, cuestionaron al directorio del organismo y reclamaron un plan de rescate provincial con fondos de la Ley 23.427 y la reglamentación de la Ley 8.901.

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La sede de COPEGRAF Ltda. - El Independiente fue escenario este último lunes de una concurrida reunión de referentes cooperativistas, movilizados ante la publicación de la resolución N° 2.076/2026 del Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES) Convocado por la Mesa de Cooperativas Unidas y Organizadas de La Rioja, el encuentro permitió despejar dudas técnicas y consensuar estrategias de acción gremial y jurídica frente a una disposición centralista que alcanza a más del 90% del padrón nacional, y de la cual nuestra provincia no resulta la excepción.

En el caso riojano, 88 cooperativas y 4 mutuales figuran en los anexos de la normativa bajo condición de suspendidas o intimadas. El impacto recae con particular fuerza sobre sectores neurálgicos como el textil y la construcción, junto a unidades de producción frutihortícola y de la agricultura familiar. La medida lesiona de manera directa a los rubros estratégicos que dinamizan la economía regional, sostienen la obra pública, resguardan la soberanía alimentaria en los departamentos del interior y batallan activamente contra el desarraigo.

Como balance de la jornada, la Mesa definió la difusión de un pronunciamiento institucional titulado «La salida no puede ni debe ser la ex clusión», cuyos puntos medulares se detallan a continuación:

Rechazo a la criminalización administrativa La dirigencia cooperativa denunció que el INAES busca responsabilizar de forma exclusiva a las organizaciones por retrasos en balances presentaciones asamblearias. Con esta postura, organismo desconoce con premeditación el escenario de recesión económica, la asfixia financiera y los costos prohibitivos de las certificaciones contables y legales indispensables para cumplimentar los trámites. y el

Asimismo, remarcaron que la resolución evidencia una política deliberada de restricción y exclusión, carente de cualquier esquema de planificación o asistencia técnica estatal para acompañar la regularización de las entidades afectadas. Por otra parte, los referentes cuestionaron con severidad al propio Directorio del INAES. Calificaron como éticamente inaceptable que la norma haya contado con el voto afirmativo de los cuatro directores que representan al sector cooperativo y mutual dentro del cuerpo colegiado (sumados a los tres delegados del Poder Ejecutivo Nacional que encabeza Marcelo Collomb). Frente a este hecho, el plenario demandó a los directores del movimiento revisar con urgencia su postura y expresarse de manera pública ante las bases.

Exigencia al Gobierno de La Rioja y marco legal En el orden local, las cooperativas reclamaron a las autoridades provinciales la articulación inmediata de un plan de contingencia técnico, legal y financiero que permita blindar a las 92 entidades afectadas y preservar los puestos de trabajo. Es idéntico sentido, exigieron transparencia y la estricta aplicación de los recursos coparticipable derivados del Fondo Nacional de Educación Promoción Cooperativa (Ley Nacional N° 23.427), orientándolos a la capacitación y asistencia contable en territorio.

Del mismo modo, reiteraron la urgencia de avanzar en la definitiva reglamentación de la Ley Provincial N° 8.901 de Fomento Cooperativo y Mutual. El documento concluye ratificando el valor del trabajo autogestionado frente a la crisis: “Reiteramos que somos aliados en la lucha contra el desempleo, la pobreza y el desarraigo. Nuestra posición no es en contra de nadie; es a favor de un modelo productivo con justicia social que demostró ser la principal red de contención frente a los programas económicos de exclusión y empobrecimiento”.

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