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Mazzina acompañó a la familia de Lucía Pérez durante la lectura del fallo que condenó a los responsables de su femicidio

El Tribunal Oral en lo Criminal 2 (TOC 2) de la ciudad de Mar del Plata condenó a prisión perpetua a Matias Farias por la violación y femicidio de Lucía Pérez, mientras que dispuso 15 años para Juan Pablo Offidani por considerado participe secundario en el delito de abuso sexual agravado.



El Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación (MMGyD) estuvo presente en Mar del Plata en la lectura de la sentencia del segundo juicio por el femicidio de Lucía Pérez. La ministra Ayelén Mazzina y la titular de la Unidad de Gabinete de Asesoras, Érica Laporte, acompañaron a la familia en el momento del dictamen del Tribunal en lo Criminal 2 (TOC 2) que condenó a prisión perpetua a Matias Farías por abuso sexual con acceso carnal agravado por el suministro de estupefacientes y la muerte en concurso ideal con femicidio, mientras que dispuso una pena de 15 años a Juan Pablo Offidani, a quién consideró participe secundario en el delito de abuso sexual agravado.

 

“Hoy, el Poder Judicial condenó a los responsables por la violación y el femicidio de Lucía Pérez. Aunque no es lo que la familia esperaba, hoy Marta y Guillermo pueden respirar un poco de justicia. Seguiremos acompañándolos como lo hicimos desde el primer día”, aseguró la ministra.

 

“Es inadmisible que las familias de las víctimas tengan que pasar por todo este derrotero en busca de justicia, de reparación y un poco de paz. Para construir un país sin violencia, con más igualdad y más justicia social necesitamos una justicia con perspectiva de género y de derechos humanos. Y todavía falta mucho”, afirmó Mazzina.

 

Tras la lectura del veredicto, Marta Montero, madre de Lucía, consideró: “Con una perpetua no termina el proceso, vamos a apelar para que Offidani sea considerado partícipe primario del femicidio y también sea condenado a prisión perpetua. Seguiremos luchando por Lucía y todas las Lucías, esto no termina acá”.

 

Por otro lado, agradeció el acompañamiento del MMGyD: “Sin la ministra y sin el Estado, las familias de las víctimas no podríamos con esta mafia y esta corrupción. Lucía tenía 16 años y la mataron de la manera más salvaje, sin acompañamiento hubiera sido muy difícil”. Asimismo, dio las gracias a los movimientos de mujeres por estar presentes durante todo el proceso. “Sin todas ustedes, no hubiéramos tenido otra instancia para seguir pidiendo justicia por Lucía”, sostuvo.

 

Como ocurrió durante distintas jornadas del juicio, allegados de Lucía e integrantes de organizaciones sociales y movimientos de mujeres se concentraron en las inmediaciones del lugar para escuchar el veredicto. Luego de la sentencia se movilizaron por el centro de la ciudad.

 

Desde el comienzo del juicio el MMGyD brindó acompañamiento integral a la familia Pérez-Montero con apoyo psicológico y legal por parte de los equipos del Programa Acercar Derechos (PAD) y la Dirección de Abordaje Integral de Casos de Femicidios, Travesticidios, Transfemicidios y Delitos contra la Integridad Sexual (DAICFTTyDIS).

 

La participación del MMGyD en conjunto con el Ministerio de las Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual de la provincia de Buenos Aires y la Defensoría del Pueblo bonaerense fue clave para acompañar el pedido de la familia de permitir el acceso a las audiencias de otros familiares de víctimas de femicidios. Además, garantizó el trabajo de la prensa a fin de que la sociedad pueda tener la información diaria sobre el desarrollo del juicio.

 

Cabe destacar que por disposición del Tribunal la familia de Lucía Pérez no pudo estar acompañada en la sala de audiencias y que, pese a ser un proceso oral y público de gran trascendencia para la sociedad. Sólo se dispuso una pequeña sala con capacidad para 30 personas desde dónde siguieron las alternativas del juicio familiares de víctimas, autoridades y periodistas de prensa gráfica.

 

En todas estas instancias, el MMGyD montó un stand con radio abierta, talleres de prevención y abordaje de las violencias de género, y asesoramiento acerca de las políticas llevadas adelante. De esta manera, canalizó el pedido de presencia institucional planteado por la familia de Lucía.

 

La asistencia de manera integral a familiares o personas cercanas a víctimas de violencias extremas por motivos de género es parte de medidas y acciones del Plan Nacional de Acción contra las Violencias por Motivos de Género (2022-2024).


 

Justicia sin perspectiva de género

Hoy Lucía Pérez tendría 23 años y podría disfrutar del verano en su ciudad natal. El 8 de octubre de 2016, cuando tenía 16 y cursaba sus estudios secundarios en la Escuela de Educación Media N°3 de Mar del Plata, fue asesinada en un contexto de violencia por motivos de género. El día de su muerte, Juan Pablo Offidani y Matías Gabriel Farías recogieron a Lucía y la llevaron hasta la casa de Farías. Pocas horas después la adolescente fue dejada (ya fallecida) por Offidani en un centro médico alejado de la ciudad, con evidencias de haber consumido drogas y haber sido abusada sexualmente.

 

Durante el primer juicio realizado en 2018, el Tribunal Oral en lo Criminal 1, absolvió a los imputados por abuso sexual y femicidio. Dos de ellos fueron condenados únicamente por tenencia y venta de estupefacientes en las inmediaciones de la escuela a la que concurría Lucía, mientras un tercer acusado –que falleció en 2020- fue absuelto. La sentencia, cargada de prejuicios y argumentos discriminatorios, desconoció por completo la vulnerabilidad de Lucía frente a sus agresores y no introdujo perspectiva de género en su análisis.

 

El 12 de agosto de 2020, la Sala 4ta. del Tribunal de Casación Penal anuló el fallo y remitió las actuaciones al TOC N° 1 para que, con una integración diferente, se realice un nuevo juicio. La Suprema Corte de Justicia bonaerense confirmó la anulación de la sentencia dictada por el Tribunal en lo Criminal Nº1. Por aquel primer fallo los magistrados Juan Facundo Gómez Urso y Pablo Viñas a enfrentan un Jurado de Enjuiciamiento que comenzó el 14 de marzo por negligencia, incumplimiento de los deberes de cargo y parcialidad manifiesta. Mientras que, el juez Aldo Carnevale renunció a su cargo para jubilarse y, de esta manera, evitó ser enjuiciado.