En los últimos días se conoció que la Obra Social del Personal Rural y Estibadores de la República Argentina (OSPRERA) fue intervenida por una deuda. Por el momento, en la Provincia las prestaciones se concretan de manera normal. Más de 800 mil personas de manera directa e indirecta se ven perjudicados ante la falta de cobertura en diferentes puntos del país.

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Omar Muga, secretario General de UATRE La Rioja, en contacto con Medios El Independiente especificó este lunes sobre la situación, “hablar de OSPRERA, es hablar de la salud de los trabajadores. Hoy estamos atravesando un momento difícil, y el tema es la nueva intervención de OSPRERA”.

Explicó el origen de este problema y vaivenes judiciales sufridos a lo largo de los últimos años. “Los consejeros nos autoconvocamos y empezamos a tratar de normalizar esta situación que estaba en un problema gravísimo institucional, ya sea en la parte de OSPRERA y el gremio. Nos autoconvocamos los 24 consejeros nacionales del gremio y empezamos a hacer soluciones para llegar a la elección del Secretario General del gremio con un nuevo Consejo Directivo nacional. Ahí quedó la parte de OSPRERA, seguían los problemas y el Juzgado Federal intervino la OSPRERA en el 2023. El 1 de julio del 2023, el Juzgado Federal decide devolverle a sus legítimos dueños. Ahora, desde el 15 de julio se hace cargo la Superintendencia de Salud de la Nación, volviendo a intervenirla”.

Sobre las prestaciones en la Provincia dijo “nosotros tenemos dificultades como todas las provincias. Aquí las prestaciones se están dando. El problema es Córdoba, allí decidieron cortarla. Pero aquí, no tenemos problemas, tenemos habilitados todos los prestadores y creemos que vamos a seguir así, mejorando mientras se cumpla este fallo del Juzgado de La Pampa”.

Más de 800 mil trabajadores se ven perjudicados, sumado las personas de otras actividades que también tienen cobertura a través de OSPRERA.

Comunicado oficial de Superintendencia de Servicios de Salud

A pesar de la resolución del Juez Federal de La Pampa Juan José Baric, la Superintendencia de Servicios de Salud confirma la intervención de la Obra Social de los Peones Rurales y Estibadores (OSPRERA) realizada por el Poder Ejecutivo Nacional y advierte sobre una decisión judicial de características inéditas que afecta la objetividad en la evaluación de los hechos y el debido proceso legal.

Desde que comenzó el año, el organismo volvió a cumplir con su función principal que es la de fiscalizar a los Agentes del Seguro de Salud. En ese marco, se avanzó con una auditoría en la obra social en cuestión que comprobó graves irregularidades producto de una situación financiera alarmante, a tal punto que, el propio Juez, a través del interventor por él designado, solicitó 3.350 millones de pesos en octubre de 2023, monto del que rindió cuenta el último día hábil de la anterior gestión presidencial, al mismo tiempo que aumentaba la deuda prestacional de la obra social.

Asimismo, fue el propio juez el que permitió que la administración provisoria designada por él se fijara – a pesar de la crisis financiera de la entidad- sueldos millonarios equivalentes a 25 veces lo que cobra un peón rural promedio.

 

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