La Justicia procesó a tres hombres que en diciembre del 2023 se escaparon de la Alcaidía capitalina forzando el techo de una de las celdas y rompiendo los alambrados. Si bien reconocieron el hecho, argumentando que huyeron por las condiciones en las que se encontraban, la jueza desestimó el reclamo señalando que había vías legales para hacerlo.

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Según se informó desde la Función Judicial, la titular del Juzgado de Instrucción en lo Criminal y Correccional Nº 3 de la Primera Circunscripción Judicial, con asiento en la ciudad de La Rioja, la doctora María Eugenia Torres, dictó el procesamiento con prisión preventiva de “Angelo M. F.”, “Leandro M. N.” y “Martín G. G. F.”, como supuestos coautores del delito de “evasión”, acusados de haber huido de la Alcaidía.

En este sentido, se explicó que la medida judicial alcanzó a estos tres hombres que, al momento del hecho, se encontraban legalmente detenidos en el pabellón “D” de la Unidad Especial de Alcaidía de la Policía Provincial, ubicada en la ciudad Capital, en el marco de diferentes causas penales en trámite por delitos contra la propiedad. Según se desprendió del expediente, los imputados habrían forzado el techo de la celda, rompiendo el enrejado y las chapas, para luego darse a la fuga entre la madrugada y la mañana del 26 de diciembre de 2023.

“La resolución fue adoptada luego de que la Cámara Tercera en lo Criminal y Correccional revocara un primer pronunciamiento por falta de fundamentación, ordenando una nueva valoración de los hechos. En esta oportunidad, la jueza consideró acreditado con el grado de probabilidad exigido en esta etapa que los tres imputados actuaron con dominio del hecho, logrando efectivamente sustraerse del estado de detención”, remarcaron desde la Justicia.

Asimismo, indicaron que durante la investigación se reunieron numerosas pruebas, incluyendo informes de guardia, inspecciones oculares, actas de allanamiento, testimonios del personal policial, pericias técnicas y registros fotográficos del pabellón afectado y del operativo de recaptura, que tuvo lugar al día siguiente en un domicilio ubicado en la zona oeste de la ciudad.

Por último, se informó que “si bien los imputados reconocieron el hecho en sus declaraciones ampliatorias, alegaron que actuaron motivados por las condiciones de detención. La magistrada desestimó la aplicación del estado de necesidad justificante, argumentando que existían vías legales adecuadas para denunciar posibles irregularidades sin recurrir a una acción ilícita”. “Como parte de la resolución, también se ordenó el embargo preventivo de los bienes de los tres procesados por un monto total de $1.500.000 y se dispuso que dos de ellos continúen detenidos en el Servicio Penitenciario Provincial. Respecto a Martín G. G. F., se ordenó su inmediata detención una vez firme la resolución”.

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