En el marco de la causa federal conocida como "Causa ONG", donde se investigan presuntas maniobras de desvío de fondos públicos entre 2013 y 2016, la fiscal federal María Virginia Carmona solicitó el sobreseimiento de 125 personas tras comprobar que no integraron el circuito delictivo.

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Según fuentes judiciales consultadas por El Independiente, en muchos de esos casos se detectaron firmas falsificadas o incorporaciones a asociaciones sin participación real.

Además, la fiscal requirió ampliar la declaración indagatoria a otras 76 personas, en continuidad con las medidas impulsadas desde noviembre pasado, cuando presentó un primer dictamen detallando el perindo investigado y las maniobras atribuidas a diversas fundaciones y asociaciones civiles. El monto preliminar analizado asciende a $ 837.166.279,48, equivalente a más de 64 millones de dólares según la cotización oficial de 2015.

En esta etapa también fueron citados a declarar el ex ministro de Infraestructura, Néstor Bosetti, y el ex secretario de Vivienda Carlos Covara, ambos mencionados en el requerimiento fiscal inicial. Los dos se abstuvieron de declarar. También prestaron in dagatoria dos ex funcionarios públicos cuyas identidades no fue ron reveladas debido a que la investigación continúa en curso. 

El origen de la causa

La investigación comenzó el 26 de febrero de 2016 a partir de una denuncia de PROCELLAC basada en 22 Reportes de Operación Sospechosa enviados por el Nuevo Banco de La Rioja a la UIF. Los documentos advertian sobre acreditaciones millonarias de fondos públicos en cuentas de ONG locales y retiros en efectivo sin respaldo documental.

Tras la nulidad de un primer requerimiento fiscal, la pesquisa reunió nueva prueba documental y bancaria. Se analizaron las cuentas involucradas, los firmantes autorizados, las fechas y montos de les movimientos financieros. En los procedimientos realizados por la Unidad de Investigación de Delitos Complejos y el GOIP de Gendarmería se verificó que varios domicilios declarados como sedes de fundaciones no registraban actividad institucional y presentaban inconsistencias administrativas.

También se incorporaron informes de PROCELAC, documentación ministerial, actas constitutivas y estados contables de las entidades investigadas.

Irregularidades detectadas 

Las pericias contables y documentales describieron patrones comunes: fundaciones con objetos sociales generales o vagos, capital inicial nulo, falta de activos y egresos sin documentación, personas que figuraban como directivos en múltiples organizaciones, entidades constituidas poco antes de recibir fondos públicos, y diferencias entre los montos informados por el Banco y los declarados por las entidades.

La fiscalía señaló además que muchas personas fueron incorporadas como "socios" en actas sin su intervención, con firmas presuntamente falsificadas o certificaciones sobre hojas en blanco. Estos elementos fundamentaron el pedido de sobreseimientos.

Competencia federal

El caso se tramita en la justicia federal por la presunta figura de lavado de activos y la conexidad con los hechos que habrían originado los fondos. La fiscalía sostuvo que dividir la investigación entre fueros provinciales y federales podría fragmentar la prueba y afectar la continuidad del proceso.

La causa sigue en trámite ante el Juzgado Federal de La Rioja, donde se resolverán los pedidos de desincriminación y las nuevas indagatorias solicitadas.

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