El Gobierno modificó la Ley de Inteligencia Nacional y con la reforma empodera a la SIDE que ahora podrá detener personas.

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A través del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 941/2025 - que modifica la Ley de Inteligencia Nacional N° 25.520 - el Gobierno estableció cambios estructurales en la organización, funciones y conducción del sistema y de la Secretaría de Inteligencia de Estado.

Entre las principales medidas contempla la redefinición del concepto de “Inteligencia” y crea la Agencia Nacional de Contrainteligencia, que tendrá nuevas facultades, como la posibilidad de detener o “aprehender personas in fraganti”.

Tras la oficialización de la normativa, la SIDE justificó los cambios mediante un comunicado difundido por la cuenta oficial de X. "Los desafíos globales contemporáneos y el nuevo rol central que ocupa la República Argentina en el escenario mundial, a partir del liderazgo del Presidente Javier G. Milei, requieren que la Nación cuente con un Sistema de Inteligencia Nacional moderno, profesional y eficiente, alineado con los más altos estándares democráticos y republicanos”, detalla el texto

En esa línea, se precisó que “el objetivo central de esta reforma es acotar, definir y clarificar con precisión tanto la estructura como las competencias del Sistema de Inteligencia Nacional, adecuándolo a las amenazas y desafíos del siglo XXI”.

Asimismo, se destacó la eliminación de funciones que “históricamente le fueron asignadas sin sustento institucional”, como la seguridad interna - bajo la órbita del Ministerio de Seguridad Nacional - y la protección de la infraestructura crítica y de los sistemas de información del Estado, que pasarán a depender de la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología.

El comunicado también subrayó que la reforma apunta a “un proceso de racionalización y achicamiento de la estructura”, con el objetivo de concentrar las capacidades del Sistema de Inteligencia en su función esencial.

En cuanto a la contrainteligencia, el Gobierno señaló que la normativa la define “de manera clara y taxativa como la función destinada a proteger al Estado argentino frente a acciones de inteligencia, espionaje o injerencia de agentes externos”, y remarcó que busca poner fin a prácticas del pasado vinculadas a la persecución política interna, el espionaje doméstico o el control indebido de dirigentes, periodistas y ciudadanos.

Por último, señala que la reforma “forma parte del proceso histórico que impulsa el Presidente Javier G. Milei para dejar atrás décadas de desorden, opacidad y uso político del Estado”, y la definió como “una decisión estructural” orientada a consolidar “un Estado limitado, profesional y al servicio de los ciudadanos, de la República y de la libertad”.

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