Un juez de Campana le dio dos semanas al Gobierno para que implemente plenamente la Ley de Emergencia en Discapacidad. El Juzgado Federal de esa localidad, donde tramita un proceso colectivo, dispuso que la legislación debe cumplirse a partir del 4 de febrero.

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El Juzgado Federal de Campana le puso fecha al Gobierno para que la Ley de Emergencia en Discapacidad esté en plena vigencia: el 4 de febrero.

En esa sede judicial tramita un proceso colectivo que iniciaron dos padres y luego se amplió hasta tener alcance nacional.

El juez Adrián González Charvay resolvió que el Poder Ejecutivo debe tener todos los procesos administrativos listos para cumplir con la normativa sancionada por el Congreso, incluso cuando no se haya pronunciado la Cámara Federal de San Martín, que tiene en trámite una apelación del caso.

A principios de enero, la Procuración del Tesoro notificó a la Justicia que había iniciado las gestiones para poner en marcha la Ley N° 27.793 y advirtieron que la cuestión no era inmediata, sino que acarreaba todo un proceso para adecuar los engranajes del Estado.

La decisión del juez federal de Campana se basó en los tiempos previstos en la propia ley, que fijó 30 días hábiles para la reglamentación. El cálculo se tomó a partir del 18 de diciembre de 2025, fecha en que González Charvay concedió la apelación presentada por el Estado, pero con la obligación de cumplir la sentencia mientras se tramita la revisión en instancias superiores.

Además, en su fallo de este martes, el juez González Charvay otorgó un plazo de cinco días para que el Ministerio de Salud y la Agencia Nacional de Discapacidad acrediten “el avance de los trámites tendientes al cumplimiento de la sentencia dictada”.

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