El Tribunal Superior de Justicia de La Rioja dispuso una medida preventiva contra una magistrada de la Cámara Primera en lo Civil, Comercial y de Minas, tras la acumulación de denuncias por presuntas situaciones de violencia laboral dentro del ámbito judicial.

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La resolución fue adoptada en el marco de un Acuerdo de Superintendencia, luego de analizar varios expedientes en los que empleados, secretarias y hasta otras magistradas expusieron hechos reiterados vinculados al trato laboral dentro de esa dependencia.

Según surge de las actuaciones, los testimonios dan cuenta de episodios de maltrato, uso de tono elevado, exigencias consideradas improcedentes y situaciones que podrían encuadrarse como intimidación en el ámbito de trabajo. A esto se suman cuestionamientos sobre el funcionamiento interno de la Cámara, como movimientos de expedientes sin registración previa y requerimientos administrativos de dificil cumplimiento.

Frente a este escenario, el máximo órgano judicial provincial resolvió avanzar con una medida concreta: prohíbió el contacto y la comunicación de la magistrada con todo el personal que no integra su sala, incluyendo juezas y funcionarios de otras salas de la misma Cámara.

La restricción tendrá una vigencia de 120 días y, según se advirtió, su incumplimiento podría derivar en sanciones disciplinarias.

Desde el TSJ señalaron que la decisión apunta a preservar el ambiente laboral, garantizar condiciones adecuadas de trabajo y asegurar la continuidad del servicio de justicia, mientras se profundiza el análisis de los hechos denunciados. La medida será monitoreada por la Secretaría de Superintendencia y Control Judicial, en el marco de los protocolos vigentes para la prevención de la violencia laboral dentro de la Función Judicial.

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