
Las multitudinarias marchas universitarias replicadas en todo el país tuvieron como contrapartida un intento por desvirtuar los resultados de la lucha asegurando que al otro día nada cambió.
Las autoridades universitarias que se pusieron al frente de la convocatoria la calificaron como éxito histórico en defensa de la educación pública y redoblaron la apuesta al convocar al Poder Judicial a involucrarse en el conflicto y que la Corte Suprema se expida con urgencia a favor del cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario (Ley Nº 27.795), que no permita que el Poder Ejecutivo siga incumpliendo una ley y que abogue por la actualización presupuestaria y la recomposición de los salarios docentes.
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