
A partir del 5 de septiembre entrará en vigencia en Argentina el nuevo Régimen Penal Juvenil, establecido por la Ley Nacional 27.801, que reduce de 16 a 14 años la edad a partir de la cual los adolescentes pueden quedar sujetos al sistema penal. Al respecto, Radio Independiente dialogó con la Dra. Alicia Valdéz, jueza del Juzgado de Familia, Niños, Niñas, Adolescentes y Adultos Mayores.
En principio, la letrada explicó que desde la Justicia se comenzaron a desarrollar reuniones y articulaciones entre distintas áreas para adecuar los procedimientos y dispositivos a las nuevas disposiciones.
Según detalló, Valdéz uno de los principales cambios será la ampliación de la franja etaria de adolescentes alcanzados por el sistema penal, que pasará a comprender a quienes tengan entre 14 y 18 años. Además, podrán ser procesados por todo tipo de delitos contemplados en el Código Penal, mientras que bajo el régimen actual no se procesan determinados delitos con penas menores a dos años.
La especialista señaló que estas modificaciones implicarán un incremento en el caudal de causas que ingresarán al sistema penal juvenil y plantearán nuevos desafíos para la Justicia y los organismos que intervienen en el abordaje de adolescentes.
No obstante, aclaró que la entrada en vigencia de la nueva normativa no significa que los adolescentes serán detenidos automáticamente ante cualquier hecho delictivo. En ese sentido, remarcó que continúa vigente el principio de que la privación de la libertad debe ser excepcional y utilizarse como último recurso, de acuerdo con la normativa convencional de protección de niños, niñas y adolescentes.
También explicó que será necesario desarrollar nuevos dispositivos especializados para alojar a adolescentes eventualmente privados de su libertad, los cuales no deberían depender del sistema penitenciario destinado a adultos.
Uno de los aspectos destacados por la profesional fue la necesidad de que las familias conozcan las nuevas implicancias del régimen y conversen con sus hijos sobre determinadas conductas que pueden derivar en responsabilidades penales.
En particular, mencionó situaciones vinculadas con el uso de las redes sociales, como amenazas, falsas alarmas de bomba o difusión de imágenes íntimas sin consentimiento. También incluyó daños o vandalismo en espacios públicos y privados, hurtos y peleas o agresiones físicas.
La doctora sostuvo que algunas conductas que actualmente pueden ser consideradas por los adolescentes como bromas o travesuras podrían tener consecuencias legales bajo el nuevo régimen.
Además, puso el foco en la responsabilidad de los adultos respecto de los adolescentes y destacó la importancia de que los padres conozcan los grupos de amigos con los que se relacionan sus hijos, ya que la participación en un hecho delictivo puede generar responsabilidad penal según el grado de intervención de cada integrante.
“Tenemos que interiorizarnos más con nuestros adolescentes, tratar de saber quién es su grupo de amigos, con quién andan”, planteó durante la entrevista.
Finalmente, remarcó la importancia de anticiparse a los cambios mediante la información y el diálogo dentro de las familias, al considerar que el nuevo régimen no solo modifica el abordaje judicial de los delitos cometidos por adolescentes, sino que también plantea nuevas responsabilidades para su entorno familiar.