Treinta y siete días después que el diputado Luis Rojo (PJ-Lamadrid), presidente de la Comisión de Educación de la provincia, recibió el proyecto enviado por el Ministerio de Educación y quince días posteriores a que ese proyecto se aprobara como ley N°10.902, estalló un conflicto docente que rápidamente se neutralizó, sin embargo, quedaron en la nebulosa no solo las responsabilidades de las partes y el conocimiento que tuvieron los involucrados.

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También si la educación superior en La Rioja debe seguir formando docentes o inclinarse por técnicos para la producción, la minería, la industria, la informática, etc.

El ministerio levantó en horas la medida más cuestionada y los que protestaban, aceptaron de inmediato un “parche” como solución porque la cuestión de fondo sigue pendiente: qué tipo de educación superior debe ofrecerse en un mundo tan cambiante en lo social y en lo tecnológico, con un sistema educativo en crisis y una provincia que todavía busca un modelo de desarrollo social y económico autosustentable con sus propios recursos como demanda la economía de libre mercado y el actual gobierno neoliberal, de derecha y libertario.

Las responsabilidades parecen dividirse, por parte iguales entre el ministerio de Educación respecto a cómo se dio el proceso de conformación del proyecto y la comunidad educativa que dijo desconocerlo.

Trabajo conjunto

En la sesión del jueves 17 de setiembre, se aprobó un marco normativo para la Educación Superior en la provincia. El ministro de Educación, Ariel Martínez, estuvo presente y ante la consulta de los medios dijo que fue producto “del trabajo conjunto con los institutos de Educación Superior que aportaron al diálogo, al consenso y a la construcción de este nuevo marco normativo”.

La secretaria de Educación, Zoraida Rodríguez, destacó que la sanción es el resultado de “un proceso de planificación que comenzó hace tres años y que involucró a las instituciones de formación superior de la provincia”.

En ningún momento ni el ministro ni la secretaria hablaron del cierre de carreras, para dar lugar a las nuevas propuestas académicas, sin embargo, entre el martes y el miércoles de esta semana comenzó la protesta de alumnos y docentes denunciando que habían recibido comunicaciones de cerrar la inscripción para las carreras de Francés, Tecnología y Nivel Inicial, entre otras en Capital, y con cierres concretados en el interior.

¿Acaso en los 18 profesorados que funcionan en toda la provincia desconocían el proyecto? ¿Acaso no sabían que la profunda reforma que propone la ley implica cambios en la oferta educativa, ergo eliminación de carreras que ya no responden a la demanda laboral actual?

Directivos de Institutos de Formación Docente y Técnica de Capital y del interior consultados por Medios El Independiente coincidieron en señalar que desconocían el proyecto, que no sabían que se había presentado en la Legislatura y que tampoco la Comisión de Educación de la Cámara los había consultado.

Verdades a medias

De ambas partes hay verdades a medias porque se sabe que el ministerio impulsó reuniones, por separado, con cada IFDCyT sobre la necesidad de reformular la oferta como dice ahora la ley 10.902 con “criterios político-estratégicos, considerando las demandas del sistema educativo obligatorio y superior, y del contexto socio productivo y laboral” regional.

Antes de la ley, las instituciones venían realizando readecuaciones, es decir que no desconocían del todo el proyecto y sí bien incorporaron tecnicaturas, seguían priorizando y manteniendo la orientación docente y/o rechazando cierres.

Una rápida interpretación de la 10.902 indica que, a partir de ahora, se creará el Consejo Jurisdiccional de Educación Superior integrada con una funcionaria del ministerio, un supervisor, un director de un IFD y otro por región para definir la viabilidad técnico-política, para la apertura de nuevas ofertas de formación inicial, postítulos y carreras de formación docente y técnica profesional previo informe de prefactibilidad regional.

Se entiende así que no serán los IFDCyT los que propongan las readecuaciones o cierres de carreras para remplazarlas por nuevas sino este consejo jurisdiccional que, de hecho, no tiene representantes de docentes, gremios y alumnos. Las instituciones existentes deberán, de manera progresiva, garantizar el cumplimento de las regulaciones establecidas para el nivel, agrega la norma.

Responsabilidades

En las verdades a medias como en las responsabilidades tienen parte los docentes. En medio del conflicto declararon en los medios que el problema los tomó de sorpresa, otros reconocieron que están analizando carreras que no tienen demanda por saturación de profesionales o falta de nichos laborales o peor aún sin alumnos.

El trasfondo indica que prima la defensa de carreras docentes para mantener la fuente laboral, tanto que con la incorporación de carreras técnicas no se exigió titulación específica para energía solar, higiene y seguridad industrial, producción agropecuaria, minería, bromatología, gestión ambiental etc. y se reubicaron docentes desplazados de carreras que cerraban.

No menos grave es que directivos, profesores y alumnos no se haya anoticiado de la ley 10.902, porque más allá del principio universal de que una ley no puede considerarse desconocida por los ciudadanos y que todo gobierno debe publicitar sus actos, la sesión en la que se aprobó fue transmitida en directo por You Tube, los noticiosos de TV y radio la difundieron, al día siguiente fue publicada por diarios y páginas digitales y durante la semana el ministro Martínez, la secretaria Rodríguez y otros funcionarios aparecieron en entrevistas replicadas por cuanta red social hay en la provincia. Habrá que debatir también sobre el interés que pone cada ciudadano por conocer leyes, normas, resoluciones y cuenta regla organiza la vida comunitaria o su pequeño espacio laboral.

No menos responsabilidad cabe a la docencia y al estudiantado un debate profundo sobre cómo garantizar derechos individuales sin descuidar soluciones colectivas, ante nuevas realidades como el descenso de la natalidad que impacta en la matrícula escolar o el avance de la tecnología digital con formación en línea por fuera del sistema educativo.

Otras responsabilidades

Ningún sindicato ni gremio docente ni la CGT menos los Autoconvocados hablaron de la ley 10.902 inmediatamente sancionada. Las diferencias ideológicas, los intereses particulares y la desconfianza social derivó en una atomización gremial que los desintegró en pequeñas células con escasos afiliados y nula actividad.

La AMP quedó reducida a 1.200 afiliados, no solo porque le niegan el descuento de la cuota sindical sino porque lleva décadas de sangría interna. Tampoco se trata de la prolongada gestión de De Leonardi porque otros sindicatos con renovación de autoridades mantienen un cómodo silencio por afinidad política o porque luego de autoconvocarse consiguieron un cargo o un nuevo gremio y se acabó la lucha.

Otro elemento que cambió la función gremial fue explicitado, hace dos días en Mar del Plata, por el secretario de la CGT nacional, Cristian Jerónimo, en el 62° Coloquio de IDEA (Instituto para el Desarrollo Empresarial de la Argentina) de clara orientación neoliberal, de derecha y libertaria.  "El mundo del trabajo como lo conocíamos tiene un dinamismo distinto. Las instituciones y los dirigentes deben evolucionar. Los jóvenes entran en un sector y si no les gusta se van a otro. La dirigencia sindical debe saber interpretar estas nuevas demandas. Si creemos que representar es decir ´vamos a defender tus derechos´, hoy no alcanza con eso". Habrá que observar esos cambios con una mirada más social para encontrar soluciones que garanticen derechos.

Docentes o técnicos

El debate que se deben autoridades, docentes y alumnos debe incluir la función territorial que cumplen los Institutos de Formación Docente, sobre todo del interior a acceder a una oferta educativa que los aleje del éxodo y del trabajo doméstico o jornalero. Habrá que ver por qué hay carreras con 8 o 10 estudiantes insostenible para mantener un plantel de 15 profesores; por qué se inscriben 300 y a final de año asisten 80; por qué la docencia no es atractiva ni salarial ni socialmente y por qué cuesta tanto pensar cambios, reconversiones, nuevos formatos presenciales y virtuales: un profesor dijo que hace 40 años enseña en un IFDC y la mitad de ese tiempo luchó para que no se cierre y no lo cerraron.

Para reconvertirse hacen falta investigaciones, datos, análisis de expectativas y necesidades, conclusiones que posibiliten armar argumentos sólidos para nuevos desafíos docentes que desequilibren el statu quo que anquilosa costumbres, leyes, ideas o estructuras sociales obsoletas, estancadas o incapaces de adaptarse a los cambios.

Tampoco abandonar la formación docente ni empujar carreras virtuales en el sector privado, caras y no siempre de buen nivel, según versiones que circulan en las instituciones sino apuntar por igual al perfil de La Rioja actual y futuro vinculado a servicios, industrias, olivicultura, vitivinicultura, turismo, economía del conocimiento, industrias culturales y minería y otras posibles según sus recursos naturales.

Ante un modelo económico que descree de la solidaridad federal en la distribución equitativa de los recursos nacionales y empuja a La Rioja a vivir de sus recursos para crear riqueza propia será difícil mantener un sistema educativo público de calidad, con buenos salarios, universal, inclusivo y con insumos y mantenimiento continuo.

 

 

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