Tras el anuncio del Gobierno nacional sobre el retiro voluntario para trabajadores de la Administración Pública, Radio Independiente dialogó con el secretario general de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) en La Rioja, Alfredo Arana, quien consideró que se trata de "una medida más que busca achicar el Estado, destruirlo y desguazarlo".

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Desde su perspectiva, el dirigente gremial sostuvo que la iniciativa se inscribe en la misma línea que otras decisiones adoptadas durante los últimos tres años y la vinculó con las 77 mil bajas que, según indicó, ya se produjeron en el sector público nacional.

En cuanto a las acciones del gremio frente a la aplicación del decreto, Arana señaló que la medida fue rechazada públicamente y recordó que, en ese marco, el día de ayer se realizó una movilización hacia la Quinta de Olivos.

El titular de ATE remarcó la importancia de informar a los trabajadores sobre las condiciones del retiro voluntario y advirtió que, lejos de representar un beneficio, podría resultar perjudicial. En ese sentido, cuestionó que el mecanismo no contemplaría toda la antigüedad acumulada en la Administración Pública, sino únicamente los años trabajados en planta permanente.

Además, explicó que la compensación se calcularía de acuerdo con la categoría en la que se encuentre cada agente y las condiciones establecidas para cada grupo. Por ello, consideró que ninguna de las alternativas resulta favorable para los trabajadores y lamentó lo que definió como una falta de reconocimiento hacia el personal estatal.

Al referirse puntualmente al decreto, explicó que el retiro voluntario está dirigido a trabajadores de la Administración Pública Nacional centralizada y que la estimación de unos 20.000 agentes alcanzados surge de tres grupos definidos según la edad y los años de aportes.

El primero comprende a mujeres de 58 años y varones de 63 que no reúnen los 30 años de aportes. Según detalló, se les ofrecería una compensación equivalente al 60% de un sueldo por cada año trabajado, con un límite de 18 salarios.

El segundo grupo incluye a mujeres de entre 58 y 64 años y varones de entre 63 y 64 que cuentan con los 30 años de aportes. En estos casos, la compensación se calcularía en función de la antigüedad, también con un tope.

El tercer segmento abarca a quienes no alcanzan esas edades: mujeres de hasta 57 años y varones de hasta 62. Para ellos, se ofrecería una compensación equivalente a un sueldo por cada año de antigüedad, más un adicional.

En este contexto, el secretario general de ATE advirtió sobre lo que consideró una “trampa” del mecanismo, ya que, según señaló, solo se reconocería la antigüedad en planta permanente para calcular la compensación.

Como ejemplo, mencionó el caso de trabajadores con 20 años de servicio en el Estado, pero que solo cuentan con cuatro o cinco años como personal permanente, mientras que el resto de su trayectoria transcurrió bajo contratos u otras modalidades de vinculación laboral.

Finalmente, Arana calificó la medida como extorsiva y aseguró que ya existirían presiones sobre los trabajadores para que acepten el retiro voluntario.

Por otra parte, sostuvo que, según la información que maneja, el financiamiento de las compensaciones provendría de un préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). En ese sentido, cuestionó que se recurra a un crédito externo para afrontar estos pagos y advirtió sobre las consecuencias que podría tener para el conjunto de la sociedad.

“Después la terminamos pagando todos”, planteó el dirigente, al señalar que se trataría de una deuda que recaería sobre la población, mientras se destinan recursos a reducir la planta estatal.

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