
Martín Becerra analiza las distintas regulaciones que impulsan países como Estados Unidos, Australia, Canadá, Francia y Reino Unido para sostener el financiamiento de los medios y el empleo periodístico frente a la caída de la publicidad tradicional.
La crisis del financiamiento de los medios de comunicación y la migración de la publicidad hacia las grandes plataformas digitales reabren un debate central para el futuro del periodismo: quién debe pagar por la producción de información de interés público y bajo qué condiciones.
En un artículo publicado el 19 de octubre en Acción Cooperativa, el investigador y especialista en políticas de comunicación, medios y tecnologías digitales Martín Becerra analiza las respuestas que ensayan distintos países frente a un escenario que amenaza la sostenibilidad de las redacciones, especialmente las locales y comunitarias.
Uno de los casos más recientes es California, que aprobó una ley de créditos fiscales vinculados al empleo periodístico. La iniciativa, que comenzará a regir en 2027, contempla beneficios económicos para los medios según la cantidad de periodistas contratados, con el objetivo de sostener puestos de trabajo y fortalecer las redacciones comunitarias.
Australia y Canadá, por su parte, impulsaron normas para que las grandes plataformas, como Google y Meta, compartan ingresos con las empresas periodísticas. Sin embargo, las dificultades de implementación y las decisiones de las compañías tecnológicas expusieron los límites de estos mecanismos. En Canadá, el bloqueo de noticias en Facebook e Instagram afectó el tráfico hacia los medios y evidenció su dependencia de las redes para llegar a las audiencias.
Francia avanzó mediante acuerdos y acciones estatales para promover una compensación económica por el uso de contenidos periodísticos. El Reino Unido, en tanto, propuso garantizar mayor visibilidad a las noticias consideradas confiables dentro de las plataformas digitales, aunque el futuro de esa iniciativa permanece incierto.
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