Los peritajes de los audios atribuidos a Diego Spagnuolo, extitular de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), que se realizaron en el marco de la causa por presuntas coimas volvieron a quedar en la mira de la Fiscalía, que cuestionó los mecanismos y los resultados.

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La División Acústica Forense de Gendarmería Nacional entregó este jueves a la Justicia los resultados de los estudios realizados sobre los archivos que fueron entregados por el periodista Mauro Federico, cuyos resultados habían sido adelantados hace 15 días por el Gobierno.

En el informe de 74 páginas al que tuvo acceso la Agencia Noticias Argentinas, los peritos señalaron que “no fue posible establecer si las señales de habla examinadas corresponden a Diego Orlando Spagnuolo”.

Según el escrito, de la totalidad de los archivos hubo 14 que resultaron aptos para ser analizados y otros 43 no aptos para ser sometidos a una comparación forense. Sin embargo, en los 14 disponibles identificaron “características acústicas compatibles con un proceso de regrabación”. En ese sentido, consideraron que “no resulta metodológicamente procedente” someterlo a procesamiento.

Mencionaron que hubo “discontinuidades abruptas” y “posibles puntos de corte”, pero que no fue posible determinar “el tipo ni metodología técnica de edición eventualmente empleada”. Y no establecieron de forma concluyente si “corresponden a emisiones vocales humanas de origen natural” o recreadas de forma digital.

Por otro lado, señalaron que “ante la imposibilidad de efectuar el análisis automático y considerando que un análisis exclusivamente auditivo-perceptual no satisface los requisitos metodológicos establecidos para la comparación forense de voces, no fue posible realizar el cotejo solicitado” con la voz del exfuncionario.

Por último, apuntaron que “no fue posible evaluar de manera fehaciente la continuidad e integridad de la cadena de custodia” de los audios entregados a la Justicia.

 

Los cuestionamientos de la Fiscalía

Tras los resultados de la Gendarmería, la Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (DATIP) expresó sus diferencias con los resultados y las metodologías utilizadas para analizar los archivos.

El Ministerio Público Fiscal intervino en el peritaje con cinco peritos de parte, quienes apuntaron que “no se les permitió volcar sus disidencias en las conclusiones, por lo que tuvieron que hacerlo en un anexo separado, lo que a su entender desnaturalizó el debate pericial”.

Entre las críticas, remarcaron que los peritos oficiales “se negaron a realizar la comparación de la voz de los audios” con la de Diego Spagnuolo, debido a que el programa utilizado tenía “limitaciones de calibración que impedían usar sus resultados con fines identificatorios”. Sin embargo, los expertos de la DATIP sostuvieron que había 15 archivos que “tenían calidad suficiente para hacer esa comparación”.

Agregaron también que el protocolo establece tres tipos de análisis y exige aplicar al menos dos, pero que Gendarmería no los realizó. “Si el programa que iba a utilizarse no servía para el análisis automático de los registros, ello no impedía hacer los otros dos”, arremetieron.

Sobre la posibilidad del uso de inteligencia artificial para crear voces, algo que no fue confirmado o desestimado por completo, los peritos de la Fiscalía señalaron que “esa conclusión no se corresponde con lo que el propio informe encontró”, ya que si se encontraron “numerosos rasgos típicos del habla humana espontánea” y no hubo indicios de manipulación artificial.

“Si los métodos aplicados eran idóneos, la conclusión debió reflejar lo que mostraron; si no lo eran, no se entiende por qué se los utilizó y se valoraron sus resultados”, agregaron. En esa línea, manifestaron que “la falta de herramientas para detectar voces sintéticas en la División Acústica Forense de la Gendarmería Nacional es una limitación de ese laboratorio y no una imposibilidad técnica general, por lo que debió evaluarse si podían aplicarse otras metodologías disponibles en el ámbito científico”.

Por último, consideraron “un error exigir a un dispositivo entregado voluntariamente la misma trazabilidad que a uno secuestrado en un allanamiento”, y aseguraron que “no hay elementos para poner en duda la integridad de esa prueba”.  

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