22/12/21

Ricardo Guerra fue designado presidente de la comisión de Presupuesto y Hacienda

Con las designaciones del senador del Frente de Todos riojano Ricardo Guerra, en la presidencia, y de la senadora bonaerense Juliana Di Tullio, como secretaria, quedó conformada hoy la comisión de Presupuesto y Hacienda del Senado de la Nación. En ella, se pasó a la firma el proyecto de ley de reforma del Impuesto de Bienes Personales, remitido en revisión desde la Cámara Baja y con el cual se busca beneficiar a casi medio millón de contribuyentes.

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Guerra en diálogo con Radio Independiente 99.1 dijo que “hoy se constituyó la comisión y me habían propuesto la presidencia eso se hizo en primer término para luego tratar un proyecto de ley que vino desde la Cámara de Diputados”.

Luego hizo referencia al proyecto de ley de reforma del Impuesto de Bienes Personales señalando que fue un proyecto que lo presentó el senador Casellio por Córdoba y aprobado en el senado por unanimidad y remitido a diputados, después desde ese momento hasta el presente han ocurrido muchas cosas como dejar caer el presupuesto por parte de la oposición  por lo tanto se generaba una situación muy distinta y trabajando el proyecto en diputados lo han enriquecido bastante y lo han tenido en cuenta para tratarlo en la comisión de presupuesto del senado y aprobamos el dictamen conforme vino el proyecto desde Diputados.

Explicó que se le otorgó mayor progresividad al impuesto que por su naturaleza lleva implícito el proyecto los que tienen mas pagan más y lo que tienen menos menos eso seria el concepto de progresividad lo que hace a una buena tributación a su vez tiende a compensar lo que se deja de recaudar por ampliar los minimos no imponibles.

Al respecto, la vicepresidenta del bloque de senadoras y senadores nacionales del Frente de Todos, Anabel Fernández Sagasti, defendió la iniciativa, aprobada ayer en la Cámara de Diputados, y que modificó el proyecto original del ex senador Carlos Caserio sancionado por el Senado en octubre pasado. “Entendemos que el texto ha venido enriquecido desde la Cámara Baja”, explicó la senadora mendocina.  Comentó, además, que la norma “mantiene los mismos mínimos no imponible”, ya incrementados en la versión original, y que “se ha mejorado el tema de la actualización de las alícuotas”, al establecer un mecanismo automático anual que tiene en cuenta las fluctuaciones de la inflación.

“Tenemos que pensar que este es un impuesto coparticipable, más del 60 por ciento de lo recaudado va a las provincias”, detalló Fernández Sagasti, quien remarcó la importancia de mecanismo para la transferencia de fondos para los estados provinciales, sobre todo luego de que la oposición parlamentaria macrista-radical resolviera “voltear” el Presupuesto para el 2022 enviado por el Gobierno Nacional.

Además, desatacó que el agregado del artículo 3°, establece un mecanismo de compensación entre la baja de recaudación que significará la exención del pago del impuesto para más de cuatrocientos mil contribuyentes. Según detalló, ese monto será amortizado con el incremento de las alícuotas de dos categorías: la que comprende a los ciudadanos que poseen bienes por más de 100 millones de pesos y quienes tienen más 300 millones de pesos.

De acuerdo con la senadora mendocina, el proyecto viene en línea que otras leyes aprobadas por el Congreso, como la creación de un escalonamiento progresivo para el pago del Impuesto a las Ganancias de las empresas, y con las orientaciones del Poder Ejecutivo de establecer un sistema de justicia distributiva. “Lo que el oficialismo viene propiciando es amar un esquema contributivo progresivo de justicia distributiva”, remarcó. Y recordó que, después de la pandemia, América Latina se ha convertido en la región más desigual del mundo, “donde el 80 por ciento de la fortuna está en manos del 10 por ciento de la población, mientras el 1 por ciento de la fortuna queda en mano del 50 por ciento más pobre de la población”.

En ese sentido, señaló la importancia se aprobar los cambios introducidos para que “los ciudadanos y ciudadanas puedan tener, antes del 31 de diciembre,  la sanción definitiva de esta ley”.

Antes, el flamante presidente de la comisión, el senador riojano Ricardo Guerra, reseñó que la norma modificada en Diputados “beneficia a alrededor de quinientas mil personas” al aumentar los pisos para el pago del impuesto a los Bienes Personales. “Es una ley que establece un beneficio para las franjas más bajas de lo que sería la estructura económica argentina y, a la vez, prevé una actualización anual de las alícuotas por el índice de precio al consumidor, para evitar la necesidad de sancionar una ley cada año”, explicó el riojano.

Para el legislador norteño se trata de una iniciativa que cuenta con un claro sentido de “progresividad, concepto básico a lo que hace a la sana tributación, y tiende al equilibrio al incrementar las alícuotas de las dos categorías del impuesto de Bienes Personales que corresponden a los segmentos con patrimonios de mayor envergadura, que naturalmente tienen mayor capacidad contributiva”. 

De esa manera, el incremento de las alícuotas afecta sólo a menos del 2 por ciento del padrón de los contribuyentes, cerca de dieciséis mil personas, pero libera de tributar a casi quinientas mil.

Guerra coincidió con Fernández Sagasti en que la sanción de Diputados es “una versión mejorada” de lo aprobado en el Senado. Y recalcó que, desde aquella sanción a la fecha, “sucedieron hechos que hicieron necesarios los cambios incorporados, como el tema del Presupuesto, que no fue una cosa menor”.

La designada secretaria de la comisión, la senadora bonaerense Juliana Di Tullio contestó algunas críticas planteadas por el sector de Juntos Cambio. Defendió la delegación de facultades al PEN para que pueda bajar impuestos, que contempla la norma. “Es cierto que no es momento de rechazar estas facultades delegadas al PEN, pero sí es tiempo de ponerlas en la ley, sobre todo en un momento en que todavía existe la pandemia”, sostuvo al destacar que todavía el país y el planeta viven una situación de anormalidad producto de la crisis sanitaria y social originada por el Covid-19. 

 

  Recordó, también, que la delegación de facultades “siempre existieron y siempre se usaron” e insistió en que “la situación requiere de una emergencia diferente de lo que usualmente estamos acostumbrados. En Todos los países del planeta, los poderes legislativos han dado facultades extraordinarias a sus poderes ejecutivos para hacer la vida más fácil a la gente, a los pueblos, no al Poder Ejecutivo”, reflexionó.

 En cuanto a las críticas acerca de que la delegación no contaba con un plazo establecido preciso, respondió que “estas facultades no tienen tiempo determinado porque no sabemos cuánto tiempo va a durar la pandemia. Hasta hace una semana, todas y todos pensábamos que la pandemia ya no nos tenía contra las cuerdas, pero las cifras de ayer fueron extraordinarias y complejas”, advirtió.

  Aprovechó para reclamar a la oposición que “ayude” al oficialismo a construir las herramientas legales que permitan a la Argentina recuperar los fondos ilegales que están en el exterior, producto de la fuga de capitales. Señaló la importancia que tendría para el país que esos capitales, “que le arruinan la vida a todos los argentinos y las argentinas, sean declarados”.

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