En diálogo con Radio Independiente, el doctor José Chumbita brindó detalles de la actividad de la Defensa Publica Federal en la Provincia de La Rioja ha alcanzado indicadores muy significativos, entre la Defensoría Pública Oficial.
En cuanto a las condiciones de detención de las personas que acuden al servicio de defensa publica, podemos señalar que atento a que desde la instancia inicial de un proceso penal - generalmente por el tipo de infracción de que se trata- nuestros asistidos (en su mayoría causas por violación a la ley de estupefacientes) ingresan detenidos. Del total de detenidos aproximadamente el 27% se encuentra con la modalidad de arresto domiciliario.
Además, se ha aplicado la solución alternativa al conflicto penal, prevista en el Art 59 del Código Penal Argentino, mediante la aplicación del instituto de la conciliación y reparación integral del daño con participación del Ministerio Publico Fiscal, encontrándonos a la fecha esperando su homologación judicial.
Tal porcentaje se invierte al concluir las causas en la etapa de juicio propiamente dicha, o sea en el Tribunal Oral, toda vez que este año, el 51% de nuestros asistidos al concluir el proceso alcanzaron una condena condicional o una salida alternativa del proceso, en ambos casos con reglas de conducta como control social y modo de verificar el grado de reinserción en la comunidad.
En ese alcance contamos con personas colaborando con escuelas, municipios, ONG, comedores y merenderos vecinales.
También integran esa cifra porcentual las personas que resultaron absueltos. Del porcentaje restante, es decir del 49% de condenados a cumplimiento de pena de privación de la libertad, el 85% se encuentra con la modalidad de arresto domiciliario monitoreado o por un sistema de tobilleras electrónicas o monitoreo remoto por el Patronato de Liberados de la Provincia y Servicio Penitenciario.
Este año, se han logrado reconocimientos trascendentes, como la valoración judicial del fin resocializador de la pena, que permitió la aplicación de la perforación del mínimo legal en las escalas penales por razones de equidad, manteniendo la obligatoriedad de reglas de conducta que coadyuven en el tiempo con esa reinserción social.
También el reconocimiento de derechos sociales y económicos de las personas condenadas, permitiendo su re vinculación progresiva de internos no solo por lazos familiares sino también para afianzar relaciones sociales por un lado y por el otro autorizar la realización de actividad laboral estrictamente controlada para garantizar la fuente de trabajo y único sostén familiar, aplicando perspectiva de género y materializando la operatividad de los Tratados e Instrumentos de Derechos Humanos cuya obligatoriedad se impone al Estado Argentino en general.
Tal materialidad, implicó este año un trabajo coordinado con la Defensa Publica Provincial para garantizar derechos incluidos en ese ámbito por parte de nuestros asistidas y asistidos, como también la colaboración que brindó la Secretaría de Justicia de la Provincia y el Tribunal Superior de Justicia- a través de sus equipos ténicos- para la realización de pericias científicas de personas en condiciones de vulnerabilidad.
Todo ello en el marco de los convenios marcos de colaboración suscriptos desde el año 2017 con la
Defensoría General de Nación.
A ello se suma que la obra de construcción del edificio propio que comenzó en enero de 2021, tiene prevista su finalización en Febrero de 2022 teniendo a la fecha un 82% de avance, la misma ha sido ejecutada con fondos propios de la Defensoría General de la Nación y de acuerdo a la política de gestión impulsada por su titular, la Dra. Stella Maris Martínez, de contar con unidades inmuebles propias y acordes al sistema procesal acusatorio o adversarial que impone el nuevo Código Procesal Penal Federal, y que progresivamente se va implementando en el territorio nacional desde el 2019.
Es de destacar que La Rioja contará aún antes de su plena vigencia en su territorio con una infraestructura edilicia de vanguardia. Comprende más de 400 mts2 construidos sobre un terreno de casi 1000 mts2, sobre una de las principales arterias de esta Ciudad, y contendrá las Defensorías Publicas de Primera y Segunda Instancia y con proyección a la próxima Defensoría Pública Federal de Víctimas de Delitos.
Todo esto se podido realizar gracias a la colaboración de los equipos de trabajo que integran ambas defensorías (Primera Instancia: Silvina Martínez; María José Siman, Carlos Alem; Marta Pavani; Gladys Gómez, Sebastián Simonetti; Lucas Oviedo; Sergio de la Fuente – Segunda Instancia: Adriana Genre, Juan Deleonardi, Adriana Brizuela y Ezequiel Gordillo Zalvetti) y los Programas Especiales de la Defensoría General de la Nación, su Administración General, especialmente el Area de Arquitectura y la valiosa colaboración de las Secretarías Generales de Coordinación, Superintendencia y RRHH, y la permanente y muy valorable gestión de la Secretaría de Capacitación y Jurisprudencia del Ministerio Publico de la Defensa Federal.