El reciente anuncio del Gobierno provincial de que todavía está estudiando un posible aumento a estatales que, en principio se descartó, no es un problema sólo de La Rioja. Un informe del Consejo Federal de Inversiones (CFI) puso en números la disminución de la recaudación coparticipable y los gobernadores se declararon en estado de alerta. Un recorrido por la situación de cada provincia muestra el deterioro salarial.

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Las políticas libertarias, en principio un ajuste sobre el Estado e inmediatamente después en los ingresos de los trabajadores a tal punto que sólo se homologan aumentos del 1%, impactó en el consumo y luego en la recaudación de fondos coparticipables.

Según datos de la consultora Politikon Chaco, en lo que va del año las transferencias automáticas de Nación a provincias cayeron un 17% en términos reales. A eso se suma la eliminación de los fondos de incentivo docente, del transporte del interior y de obras públicas y el efecto de la recesión en la recaudación tributaria.

Por esta fuerte contracción de las transferencias nacionales, las provincias atraviesan una crisis financiera que pone en riesgo el cumplimiento de sus obligaciones salariales. La merma en los recursos coparticipables, la eliminación de fondos específicos y la recesión económica configuran un escenario alarmante para las administraciones provinciales, que hacen equilibrio entre el pago de sueldos y la necesidad de evitar un conflicto social de mayor alcance.

Por las provincias

Un recorrido por las provincias muestra a Axel Kicillof, gobernador de Buenos Aires denunciando que “la situación es crítica” y tuvo que usar recursos propios para sostener los aumentos salariales. El recorte en fondos nacionales es “el más grande de la historia”, según planteó el ministro de Hacienda Pablo López. A pesar de eso, la provincia ha cumplido hasta ahora con sus obligaciones, aunque advierte que el margen se achica mes a mes.

En medio de la escalada inflacionaria y el recorte de subsidios, el gobernador Martín Llaryora debió postergar pagos y utilizar partidas extraordinarias. Aun así, logró cerrar acuerdos con los gremios estatales, aunque con cláusulas de revisión frecuente y sin certezas sobre la sostenibilidad del esquema.

En Santa Fe, la administración de Maximiliano Pullaro se encuentra en plena discusión con los gremios docentes, a los que se les ofreció una suma fija no remunerativa que fue rechazada. El Gobierno argumenta la pérdida de fondos coparticipables y la falta de aportes del Fondo Nacional de Incentivo Docente como causas de su ajuste. En una provincia con historial de equilibrio fiscal, el gobernador Alfredo Cornejo de Mendoza, advirtió que “los números no cierran” si no se recuperan los ingresos por coparticipación. Las paritarias estatales están virtualmente congeladas y hay tensión con gremios docentes y de salud.

Peligra pago de sueldos

En Tucumán, el gobernador Osvaldo Jaldo admitió que “hay preocupación por el mes que viene” respecto al pago de salarios. Asegura que la provincia no ha recibido fondos discrecionales desde diciembre y que la caída de la actividad también afectó la recaudación propia.

Gustavo Sáenz de Salta declaró que la provincia está “haciendo malabares” para garantizar el pago en tiempo y forma. El ministro de Economía provincial confirmó que se vienen usando ahorros y créditos para cubrir el déficit mensual.

Neuquén, una provincia con regalías por la actividad hidrocarburífera, sufre el impacto de la caída de esos beneficios y de los ingresos coparticipables. Los gremios estatales denuncian demoras en las actualizaciones salariales y falta de diálogo.

La gobernadora Arabela Carreras de Río Negro denunció un “abandono de la Nación” y solicitó un acuerdo federal para estabilizar las finanzas provinciales. El cronograma salarial sufrió modificaciones y hay malestar en el sector docente. En Jujuy, la gestión de Carlos Sadir enfrenta una situación compleja con un alto déficit fiscal. Los gremios reclaman paritarias urgentes, mientras el Ejecutivo asegura que “los recursos no alcanzan” para otorgar aumentos sin apoyo nacional.

Passalacqua, gobernador de Misiones, enfrenta una fuerte crisis con reclamos multisectoriales, particularmente de docentes y fuerzas de seguridad. La caída de la coparticipación y la presión social derivaron en medidas de emergencia y una reforma del sistema de pagos.

¿Bonos en San Luis?

Las provincias de Chaco (gobernador radical aliado a LLA) y el de Formosa (peronista) admitieron estar utilizando los últimos recursos disponibles para cumplir con los compromisos básicos. La falta de financiamiento nacional para programas sociales y salariales agrava la situación. Las de San Juan y San Luis, sin asistencia extraordinaria, caerán en un inminente agotamiento del margen fiscal. En San Luis, ya se analiza la posibilidad de desdoblar pagos y emitir bonos provinciales.

Las provincias patagónicas de Chubut y Santa Cruz también reportan complicaciones, pese a los ingresos por hidrocarburos. Chubut enfrenta conflictos con estatales, mientras que Santa Cruz atraviesa un proceso de ajuste severo. Las de, Catamarca, La Pampa y Santiago del Estero registran atrasos en pagos a proveedores y advierten que el panorama salarial será “crítico” en los próximos meses si no se revierte la caída de ingresos. En el caso puntual de Catamarca, el Gobierno enfrenta un conflicto con los docentes por reclamos de aumento salarial.

Ordenar cuentas es ajustar

El Gobierno nacional insiste de diversas maneras que las provincias hagan un ajuste similar al realizado a nivel nacional que en síntesis es cesantear empleados y disminuir sueldos o congelarlos.

Cada jurisdicción debe “ordenar sus cuentas” y evitar gastos excesivos, sin tener en cuenta que las provincias prestan servicios básicos como educación, seguridad, justicia, salud y asistencia social a vulnerables. Seguramente habrá gastos o empleados demás, pero no tantos como para igualar el ajuste que hizo en Nación sin afectar derechos esenciales. Los gobernadores reclaman un “nuevo pacto fiscal” que contemple el contexto recesivo y la pérdida de poder adquisitivo de los trabajadores públicos.

Mientras tanto, el salario de los empleados estatales se convierte en un termómetro de la crisis federal: el primer frente que deben contener las provincias para evitar que el descontento derive en protestas masivas.

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