La reciente aprobación en el Senado de la Ley de Emergencia en Discapacidad y su posterior veto presidencial "generan un grave retroceso en la protección de derechos de un sector ya vulnerabilizado", expuso en su análisis el médico especialista en neurología y pediatría, Oscar Villalba.

---

---

Desde una perspectiva médica, la ausencia de esta ley agravará las condiciones de vida de miles de personas con discapacidad, profundizando desigualdades en salud, educación y inclusión social. 

 

Impacto negativo del veto

1. Acceso a tratamientos: La ley garantizaba fondos para terapias, medicamentos y tecnologías de apoyo. Sin ella, pacientes neurológicos y pediátricos verán interrumpidas intervenciones críticas (como rehabilitación motora o estimulación temprana), afectando su pronóstico, evolución y calidad de vida.

2. Saturación del sistema público: La falta de recursos específicos incrementará la demanda en hospitales, sin capacidad para cubrir necesidades complejas (ej. seguimiento de parálisis cerebral o autismo). 

3. Exclusión educativa: Niños/as perderán acompañantes terapéuticos, adaptaciones curriculares, maestras de integración escolar, psicopedagogía; provocando una problemática grave al sistema educativo y a cada niño.

 

Urgencia de la ley

- Prevención secundaria: Sin financiamiento, se agudizarán comorbilidades (ej. espasticidad  o atrofia en pacientes con discapacidad motriz por falta de Neurokinesiologia y terapia ocupacional). 

- Carga familiar: El 70% de los cuidadores primarios presenta estrés crónico, dificultad emocional y complicaciones laborales; la ley incluía apoyos para aliviar esta crisis familiar silenciosa. 

- Derechos humanos: Argentina incumplirá la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (ONU, 2008), que exige accesibilidad universal. 

 

Conclusión 

El Gobierno aleja su presencia del grupo más vulnerable de la población.

El veto presidencial desoye no solo al Congreso, sino a la evidencia médica: la discapacidad requiere respuestas urgentes. Postergar esta ley es condenar a miles a la exclusión, con costos humanos y económicos irreparables. La reinstauración de este proyecto es una deuda ética, social y sanitaria impostergable. 

La lógica de una administración estatal es respetar los derechos sociales adquiridos; por que la mayoría de los países del mundo coinciden en que los gobiernos deben estar presentes para corregir desigualdades, garantizar derechos, y asegurar que nadie quede atrás en la sociedad. No es solo una cuestión de caridad, sino de justicia, estabilidad y responsabilidad institucional.

---

---

---