El Consejo de la Magistratura de la Provincia de La Rioja, en su última sesión ordinaria, trató denuncias de Juri de Enjuiciamiento, elevadas por la Comisión de Disciplina e Investigación, y referidas al desempeño de magistradas de distintas circunscripciones judiciales.

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Durante la sesión, se dio tratamiento a diversos dictámenes, entre ellos, los casos de las juezas Dras. Virginia Illanes Bordón y Adriana Loureiro, analizados por la Comisión de Disciplina e Investigación.

En el caso de la jueza Loureiro, titular del Juzgado de Instrucción en lo Criminal y Correccional de la Tercera Circunscripción Judicial (Chamical), la Comisión solicitó una medida previa antes de emitir su dictamen definitivo: por Secretaría se requerirá copias certificadas, para examinar determinados expedientes judiciales, a fin de corroborar información y evaluar si corresponde admitir o rechazar la denuncia.

Respecto a la jueza Virginia Illanes Bordón, del Juzgado de Instrucción en lo Criminal y Correccional N°2 de la Segunda Circunscripción Judicial (Chilecito), la Comisión entendió que, con la prueba presentada, la imputación fiscal y el autos de procesamiento, más la documentación remitida por el Tribunal Superior de Justicia, el Consejo de la Magistratura entendió que corresponde admitir la denuncia, dando así inicio formal a la etapa de investigación.

A partir de esta resolución, comienzan a correr los plazos procesales establecidos por la normativa vigente, que prevén un término de 15 días hábiles para que la Comisión eleve su dictamen al pleno del Consejo, el cual deberá resolver si corresponde la apertura de un Jurado de Enjuiciamiento, el rechazo de la denuncia, o la remisión del caso al Tribunal Superior de Justicia para la aplicación de medidas disciplinarias administrativas en el caso que correspondiere.

El Consejo de la Magistratura reafirmó que todas las resoluciones adoptadas durante la sesión fueron aprobadas por unanimidad, destacando el compromiso institucional con la transparencia, la responsabilidad funcional y la preservación de la confianza pública en el Poder Judicial.

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