La Cámara Tercera en lo Criminal y Correccional de La Rioja, con el Tribunal integrado por su presidente Dr. Gustavo Díaz y las vocales Juezas Dras. Sara López Douglas y Edith Elizabeth Agüero quienes llevan adelante un juicio contra Juan A. C. M., acusado por hechos de abuso sexual agravado y promoción de la corrupción de menores, en un contexto de convivencia acreditado en la etapa de investigación.

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El tribunal, desarrolló una audiencia extensa en la que se incorporaron pruebas testimoniales y documentales, junto con los alegatos finales de las partes intervinientes. La acusación estuvo representada por el Ministerio Público Fiscal a cargo del Dr. Rafael López.

La audiencia incluyó la reproducción de material incorporado mediante el sistema de Cámara Gesell, en el cual se evaluaron relatos vinculados a situaciones de violencia familiar que resultan relevantes para el proceso. Posteriormente, el imputado brindó una declaración breve ante el tribunal.

Luego se formalizó la incorporación de las pruebas presentadas por el Ministerio Público Fiscal, la querella, la representación del Ministerio Público Pupilar.

En el tramo de alegatos, la querella sostuvo que la prueba producida durante el debate permite considerar acreditada la responsabilidad penal del acusado y solicitó la imposición de la pena máxima prevista por la legislación vigente en materia de protección integral de niñas, niños y adolescentes.

Por su parte, el Ministerio Público Fiscal profundizó en las conclusiones de los estudios médicos, psicológicos y sociales incorporados al expediente, señalando la coherencia entre las distintas evaluaciones profesionales y el testimonio protegido de la víctima. En función de ello, requirió que el imputado sea declarado penalmente responsable por los delitos atribuidos.

 

La representación del Ministerio Público Pupilar adhirió a la acusación, destacando la consistencia de los informes técnicos producidos durante el proceso.

Finalmente, la Defensa solicitó la absolución, planteando objeciones procesales y cuestionamientos a distintos actos de la investigación.

Los hechos atribuidos refieren a situaciones que habrían ocurrido en un contexto de convivencia familiar desde el año 2020, en perjuicio de una niña cuya identidad se mantiene bajo resguardo conforme a la normativa vigente. 

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