
Este último martes se concretó en el Salón Coty Agost Carreño del Paseo Cultural, el encuentro-taller El Estado Democrático y el Derecho a la Seguridad. Prevención de la Violencia Estatal, a cargo de la reconocida abogada y escritora Claudia Cesaroni, Magíster en Criminología.
La actividad organizada por la Secretaría de Derechos Humanos, estuvo destinada a integrantes de la Policía de la Provincia, del Servicio Penitenciario, personal judicial, profesionales de la salud mental y de la Secretaría de Niñez y Adolescencia, y tuvo como finalidad crear un espacio de reflexión para analizar las problemáticas vinculadas a la violencia estatal e institucional y fortalecer el respeto por los derechos humanos.
Durante su intervención, Cesaroni abordó el alcance de la violencia estatal definiéndola no solo como agresiones físicas en contextos de detención o encarcelamiento, sino también como el maltrato y el hostigamiento arbitrario de agentes del Estado, integrantes de fuerzas de seguridad y del Poder Judicial hacia personas en situación de vulnerabilidad como personas en situación de calle, habitantes de barrios populares, personas privadas de libertad y adolescentes.
En ese contexto, cuestionó la estigmatización en la vía pública provocada por el denominado "olfato policial", mediante el cual la solicitud de documentación suele recaer arbitrariamente sobre los jóvenes en función de su vestimenta o aspecto físico. “No me van a pedir el documento a mí, que soy una señora grande con canas, sino que se lo van a pedir a un pibe con una ropa que a la policía le parece sospechosa”, indicó.
Como vía de prevención de estas situaciones, la especialista destacó la importancia de implementar mecanismos de control interno y externo en las fuerzas de seguridad, así como la participación de organismos de prevención de la tortura con participación de la comunidad y la creación de observatorios. También resaltó la importancia de contar con registros que permitan visibilizar los abusos que ocurren en los barrios populares y orientar capacitaciones específicas para que las fuerzas de seguridad entiendan cuáles son los límites en su accionar.
Con respecto a la reforma de la Ley Penal Juvenil, advirtiendo que “la baja en la edad de punibilidad resulta una medida inconstitucional, regresiva e innecesaria que no aporta soluciones reales a los problemas de fondo”. Explicó que la normativa amplía el alcance de la persecución penal hacia conductas consideradas típicas de la adolescencia -como disputa escolar, roturas menores de indumentaria o grafitis en bancos de aulas- que antes se resolvían dentro del ámbito escolar y que ahora pueden dar lugar a un proceso penal.
“Todas las personas tenemos dignidad y todas las personas debemos ser respetadas en esa dignidad. Las personas que están en una situación de mayor dependencia con respecto al poder del Estado deben ser todavía más respetadas porque tienen mucha dificultad para defenderse”, manifestó Cesaroni.
Por su parte el director de Promoción de Derechos Humanos, Marcelo Acosta, destacó la importancia de generar estos espacios de formación y diálogo, que consolidan el compromiso del Estado riojano con la prevención de todo tipo de violencia".
"Desde la Secretaría entendemos que la seguridad y los derechos humanos no son opuestos, sino inseparables. Sabemos que formar a quienes tienen la enorme responsabilidad de cuidarnos es también fortalecer la democracia”, afirmó el funcionario.