Cada 16 de octubre se conmemora el Día Mundial de la Alimentación y, en Argentina, el Día de Acción por la Soberanía Alimentaria pone el foco en quiénes deciden qué se produce, cómo se distribuye y qué llega a la mesa.

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Cada 16 de octubre se celebra el Día Mundial de la Alimentación, una fecha establecida en 1979 por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO). La jornada busca sensibilizar sobre el hambre y promover acciones para garantizar el acceso de todas las personas a alimentos seguros y nutritivos. En Argentina, la fecha también es una oportunidad para poner en discusión la soberanía alimentaria, el acceso a la tierra y las formas de producir y comercializar los alimentos.

“Estamos en épocas donde se está poniendo en cuestión la soberanía de nuestras tierras y nuestros recursos, entonces defender la soberanía alimentaria es una obviedad, aunque no sea lo más común en estos tiempos«, afirmó Miguela Varela, miembro fundadora de la Red Nacional de Alimentos Cooperativos y presidenta del Centro de Comercialización de Productos de Agricultura Familiar (CECOPAF), en diálogo con ANSOL.

La referente vinculó esa defensa con la discusión sobre quiénes pueden decidir el destino del territorio y sus recursos. «Para nosotros es siempre obligatoria esta defensa, más si se pone en cuestión si el país es de quienes lo habitamos o puede ser de cualquier inversor extranjero que por plata se pueda llevar un territorio”, sostuvo.

Desde las organizaciones campesinas y de la Economía Social y Solidaria, la soberanía alimentaria se plantea como una discusión que va más allá de la disponibilidad de alimentos: también involucra quién controla la tierra, qué modelo productivo se prioriza, cómo circula la producción y qué condiciones tienen los productores para sostener su actividad.

La concentración de la tierra, en el centro de la discusión

En un comunicado difundido hoy, desde MNCI Somos Tierra, un movimiento de 10 mil familias campesinas y de la agricultura familiar indígena de Argentina, llamaron a discutir la extranjerización y la concentración de la tierra.

“Es fundamental discutir sobre la situación de la tierra. Porque de eso depende el alimento de todas las familias argentinas”, planteó la organización. También advirtió sobre los intentos de avance que atribuye al Gobierno nacional y sostuvo que es necesario poner en la agenda pública la distribución de la propiedad rural.

Según los datos difundidos por el movimiento, el 1% controla el 36% de la tierra, mientras que el 55% de las chacras más pequeñas concentra apenas el 2%. “La tierra es para alimentar al pueblo. Decimos ni extranjerizada, ni concentrada”, expresó La Vía Campesina.

La preocupación por el acceso a la tierra también apareció en el informe IASSAA 2025, elaborado por la Red de Cátedras de Soberanía Alimentaria de universidades públicas de Argentina y colectivos afines (Red CALISAS). El documento propone indicadores para evaluar, desde distintas dimensiones, la capacidad de un territorio de decidir, producir, distribuir y consumir alimentos de manera justa, saludable y autónoma.

De acuerdo con el informe, el coeficiente de Gini de la distribución de la tierra alcanza 0,58, un indicador de la elevada concentración. Aunque los pequeños productores representan el 63,7% de las explotaciones agropecuarias, acceden solamente al 13,4% de la superficie.

La situación se agrava para quienes trabajan en tierras sin límites definidos: los pequeños productores constituyen el 87% de ese universo, una condición que incrementa su vulnerabilidad frente a desalojos y conflictos. El documento registra 184 casos entre 2020 y 2022.

El acceso a otros recursos productivos también es limitado. Según la Red CALISAS, solo el 5,7% de la superficie cultivada cuenta con equipamiento para riego, mientras que el 69,8% de las semillas proviene del mercado, lo que refuerza la dependencia tecnológica.

Un país que produce alimentos, pero no garantiza la soberanía alimentaria

La producción agrícola total alcanza los 135,7 millones de toneladas, equivalente a 4.082 kilogramos de alimentos por habitante al año. Sin embargo, cinco commodities ocupan el 87,6% del suelo, dentro de una lógica orientada a la exportación y dependiente del uso de agroquímicos.

La Red CALISAS señala que el uso de pesticidas por área de cultivo aumentó un 227,9% en los últimos años, mientras que el incremento per cápita fue del 151,3%. En cuanto a la producción orgánica, el informe contabiliza 131.000 toneladas obtenidas en 86.031 hectáreas, pero advierte que solo el 2,9% de esa producción se destina al mercado interno.

A esa situación se suma la estructura de industrialización y comercialización de los alimentos. De acuerdo con el informe, solo el 36,30% de la producción primaria de alimentos se industrializa, mientras que el mercado supermercadista presenta una fuerte concentración: dos empresas extranjeras reúnen más de la mitad de las bocas de venta correspondientes a las 17 empresas minoristas relevadas, que suman 2.565 locales en todo el país.

La brecha entre producción y consumo es otro de los puntos señalados por la Red CALISAS: los consumidores pagan, en promedio, 3,8 veces más por los alimentos de lo que reciben los productores. Para el informe, esta diferencia perjudica tanto a la agricultura familiar como a quienes compran los productos.

La respuesta de la economía social: construir comunidad

Frente a estas dificultades, Miguela Varela destacó el papel de las redes de producción y comercialización cooperativa y el vínculo con quienes consumen sus productos. La soberanía alimentaria, explicó, no se limita a discutir el origen de los alimentos, sino que también implica fortalecer los circuitos que conectan a productores, cooperativas y consumidores.

“Desde Alimentos Cooperativos esto lo defendemos construyendo comunidad con las y los compañeros productores, que trabajan en algún eslabón de la cadena agroalimentaria, que comercializan en las cooperativas, y nuestros consumidores que nos siguen apoyando a pesar de las dificultades económicas”, señaló la presidenta del CECOPAF.

Así, Varela resumió la estrategia frente al contexto económico: “Así que vamos enfrentando las dificultades económicas con más comunidad”. Así, Alimentos Cooperativos se consolidó como la red federal de cooperativas dedicada a la cadena agralimentaria, integrada por más de 150 organizaciones productivas que abarcan desde la producción primaria hasta la comercialización en más de 25 almacenes propios a lo largo del país. Su misión es construir cadenas de valor completas, asegurando que la producción, industrialización y comercialización de alimentos queden en manos de las comunidades que los generan. 

El informe de la Red CALISAS identifica también experiencias que buscan avanzar en esa dirección: contabiliza 46 nodos agroecológicos y 45 municipios adheridos a la Red Nacional de Municipios y Comunidades que Fomentan la Agroecología (RENAMA).

El documento sostiene que, para avanzar hacia la soberanía alimentaria, resulta imprescindible contar con políticas que regulen las brechas de precios y acompañen la expansión de los circuitos cooperativos. El desafío, plantea, es que estas experiencias dejen de funcionar como iniciativas aisladas y puedan convertirse en una parte central de un sistema alimentario soberano.

En el Día de Acción por la Soberanía Alimentaria, la discusión reúne así dos dimensiones inseparables: las condiciones estructurales para producir alimentos, como el acceso a la tierra y a los recursos, y las formas de organizar su circulación para que lleguen a la población. Para las organizaciones campesinas y de la economía social, defender la soberanía alimentaria supone disputar ambas.

 

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