El Senado terminó de sepultar cinco decretos del Poder Ejecutivo. Se cayeron así, las modificaciones en el INTI, INTA, Vialidad, Banco de Datos Genéticos, entre otros organismos.

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En un día para el olvido para el Poder Ejecutivo Nacional, el Senado rechazó cinco decretos desregulatorios, cuatro de ellos delegados y uno de necesidad y urgencia, que, de esta manera, se cayeron pues ya habían sido tratados en Diputados.

Se trata de medidas que se tomaron en el marco de las facultades delegadas que le fueron otorgadas al presidente Javier Milei a través de la Ley de Bases -y que vencieron en julio pasado-. Las medidas habían sido planificadas por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger y que perseguían la eliminación, modificación, desmantelamiento de distintos organismos.

De esta manera, en lo que va de su gestión, el Congreso ya le volteó seis decretos a Milei. El año pasado, por primera vez en la historia el Parlamento rechazó un DNU, fue el 656/24, por el cual se le habían otorgado cien mil millones de pesos a la SIDE.

Este jueves, el primer decreto en rechazarse fue el 462/25, el más extenso con 80 artículos, publicado en el Boletín Oficial el pasado 8 de julio. La votación resultó con 10 votos a favor, 60 en contra y 1 abstención. Por medio de este decreto, el PEN había dispuesto la disolución de la Agencia Regulatoria de la Industria del Cáñamo y del Cannabis Medicinal (ARICCAME), de Instituto Nacional de la Agricultura Familiar, Campesina e Indígena y del Instituto Nacional de Semillas y la Comisión Nacional de Semillas; al mismo tiempo que una "transformación" del INTA (Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria), el INTI (Instituto Nacional de Tecnología Industrial), el INV (Instituto Nacional de Vitivinicultura) y el INPI (Instituto Nacional de la Propiedad Industrial).

El segundo decreto, el 345/25, publicado en el Boletín Oficial el 22 de mayo, fue rechazado por 13 votos positivos, 57 en contra y 1 abstención. Mediante esta medida, se había ordenado la disolución del Instituto Nacional del Teatro, sobre el que se cuestionó una "gestión deficiente en la administración y control de los recursos públicos". Asimismo, el decreto estableció la fusión del Instituto Nacional Yrigoyeneano y el Instituto Nacional de Investigaciones Históricas Juan Manuel de Rosas en una única unidad organizativa para "optimizar la administración". Otros cambios tuvieron que ver con quitar autarquía o bajar la jerarquía a instituciones emblemáticas como el Instituto Nacional Sanmartiniano, el Instituto Nacional de Investigaciones Históricas Eva Perón, la Comisión Nacional de Monumentos, de Lugares y de Bienes Históricos, y la Comisión Nacional Protectora de Bibliotecas Populares.

Por 12 votos afirmativos, 58 negativos y 1 abstención, también fue rechazado el decreto 351/25, oficializado el 23 de mayo pasado, por el cual se dispuso la "transformación" del Banco Nacional de Datos Genéticos (BNDG), un organismo clave para el esclarecimiento de delitos de lesa humanidad y la restitución de identidad de hijos de desaparecidos.

En tanto, por 13 votos a favor, 55 en contra y 3 abstenciones fue rechazado el DNU 340/25, oficializado el 21 de mayo. A través de esta medida se dispuso una profunda desregulación del sector de la Marina Mercante Nacional, estableciendo un nuevo régimen para la actividad. Sin embargo, el Juzgado Nacional del Trabajo N° 3 declaró la inconstitucionalidad de los artículos 2 y 3, "en cuanto impone restricciones al derecho de huelga en numerosas actividades a las que considera como servicios esenciales".

El último decreto delegado en ser rechazado, por 10 votos positivos, 60 negativos y 1 abstención, fue el 461/25, por el cual se modificaron organismos de la Secretaría de Transporte. En la medida, publicada en el Boletín Oficial el pasado 8 de julio, se estableció la disolución de la Dirección Nacional de Vialidad (DNV), de la la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) y de la Comisión Nacional del Tránsito y la Seguridad Vial (CNTySV); y una "reorganización" de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT) y de la Junta de Seguridad en el Transporte.

En las cinco votaciones, además de los 6 miembros de La Libertad Avanza, estuvieron a favor de mantener los decretos la santafesina Carolina Losada, el misionero Enrique Goërling Lara, la cordobesa Carmen Álvarez Rivero y el formoseño Francisco Paoltroni.

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