El gobernador Gustavo Sáenz firmó el DNU que establece la obligatoriedad de exámenes toxicológicos para funcionarios públicos de los tres poderes del Estado.

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El instrumento legal exige pruebas de detección de sustancias psicoactivas a todos los funcionarios públicos, desde el Gobernador hasta concejales e ingresantes. Se busca garantizar idoneidad, aptitud moral y la confianza ciudadana, estableciendo que la integridad en el ejercicio del cargo es un deber ineludible y no una opción.

El gobernador Gustavo Sáenz firmó hoy, ante la presencia de diputados provinciales, el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que establece la obligatoriedad de someterse a exámenes toxicológicos para todas las personas que ejerzan o pretendan ingresar a cargos públicos en la provincia de Salta.

El instrumento legal, que será enviado a la Legislatura para su correspondiente trámite, tiene como principios rectores la transparencia y la idoneidad, entendiendo que la confianza de la sociedad en sus instituciones depende de que quienes las integran posean la plena aptitud física y psíquica para el ejercicio de sus responsabilidades.

Durante la firma del DNU, el Gobernador enfatizó que esta medida no es una sugerencia institucional, sino una norma de cumplimiento estricto para toda la estructura estatal: “He tomado la decisión de hacerlo de esta manera para que esto no sea una invitación, sino una obligatoriedad para todos. Desde el gobernador hasta abajo, todos aquellos que tengan una responsabilidad en la función pública deben reunir estos requisitos. Es un hecho de transparencia ante la sociedad", afirmó Sáenz.

“La sociedad demanda mecanismos de control que aseguren que quienes ejercen cargos públicos lo hagan libres de adicciones que puedan comprometer la objetividad e independencia. Esta es una medida preventiva que fortalece la legitimidad de nuestras instituciones”, puntualizó el mandatario.

En redes sociales, fundamentó la decisión al asegurar que “La función pública exige idoneidad y aptitud moral. Ejercer un cargo no es un privilegio, es una responsabilidad. Esta decisión apunta a fortalecer una gestión pública transparente, responsable y acorde a la confianza que los salteños depositan en sus instituciones”.

En ese contexto, aseveró que “quien no esté en condiciones de cumplir con estos estándares deberá asumir las consecuencias previstas en la Constitución Provincial y en las normas vigentes, incluyendo, de corresponder, la remoción del cargo”.

Alcance y detalles del Decreto

El DNU establece un régimen de control para los tres órganos del Estado (Ejecutivo, Legislativo y Judicial), organismos de control y municipios.

Cargos comprendidos: Gobernador, vicegobernador, ministros, jueces de la Corte, magistrados del Ministerio Público, legisladores provinciales, intendentes, concejales y todo personal que ingrese a estos organismos.

Sustancias a detectar: El control incluye la detección de metabolitos de opioides, cannabinoides, cocaína, anfetaminas, benzodiacepinas y barbitúricos, entre otras sustancias psicoactivas prohibidas.

Procedimiento: Los exámenes serán sorpresivos mediante test rápidos homologados. Ante un resultado positivo, se procederá a un análisis confirmatorio de mayor rigor científico en laboratorios habilitados y designados por sorteo, garantizando la cadena de custodia y el derecho de defensa (contraprueba).

Consecuencias: Para cargos electivos o magistrados con estabilidad, el resultado positivo activará los mecanismos de remoción previstos por la Constitución (como el juicio político o jurado de enjuiciamiento). Para funcionarios designados, el positivo configurará causal de remoción.

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