El expediente por la muerte del adolescente riojano, ocurrida en 2010 tras una cirugía de apendicitis, tenía una requisitoria fiscal de elevación a juicio desde 2013. Sin embargo, ese pedido nunca habría sido remitido a la Cámara Penal. Un reciente pedido de informe volvió a poner en movimiento la causa y expuso la situación.

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La causa judicial por la muerte de Enzo Abel Gallo, el adolescente riojano que falleció en 2010 tras una cirugía de apendicitis, volvió a quedar bajo análisis luego de que surgieran dudas sobre una posible prescripción del proceso, tras más de una década sin que el caso llegara a juicio.

El expediente, que reúne cerca de diez cuerpos, registraba una requisitoria fiscal de elevación a juicio presentada en 2013. Sin embargo, según pudo establecerse en las últimas horas, ese pedido nunca habría sido remitido formalmente desde el Juzgado de Instrucción a la Cámara Penal, instancia que debe intervenir para la realización del debate oral. La situación salió a la luz recientemente a partir de un pedido de informe realizado por el Centro Nacional de Asistencia a las Víctimas de Delitos (CENAVID), organismo nacional que solicitó conocer el estado del expediente.

El requerimiento habría sido realizado bajo la presunción de que la causa ya había tenido una resolución judicial. A partir de esa consulta, el expediente volvió a ser revisado y fue remitido a la Cámara Penal. Fue entonces cuando se detectó la irregula ridad: la Cámara advirtió que la requisitoria de elevación a juicio nunca había sido formalmente tramitada ante ese tribunal, pese a que el pedido fiscal data de hace más de una década.

Ante esta situación, se dictó un decreto en el que se detallan las fechas de los actos procesales y se plantea la necesidad de analizar si la acción penal continúa vigente o si el paso del tiempo provocó la prescripción del caso.

Un caso que marcó un precedente

La muerte de Enzo Abel Gallo marcó uno de los casos más resonantes de presunta mala praxis médica en la provincia. El adolescente, de 15 años, falleció el 22 de septiembre de 2010 luego de ser sometido a una cirugía por apendicitis en el Instituto Médico Quirúrgico de esta Capital. Lo que inicialmente parecía una intervención de rutina derivó en una investigación penal que terminó adoptando una figura poco habitual en este tipo de procesos: homicidio con dolo eventual.

Según la denuncia presentada por su padre, Alejandro Gallo, el joven no habría recibido la atención adecuada en el sistema público y habría sido derivado a una clínica privada por presuntas razones económicas. “A mi hijo lo llevaron a una clínica privada para cobrar, cuando podía haberse operado en el hospital. Esto no fue un error, fue un sistema”, sostuvo el padre del adolescente durante el proceso judicial. De acuerdo con la investigación, Enzo ingresó con vómitos y fuertes dolores abdominales, fue diagnosticado con apendicitis y posteriormente trasladado a quirófano. Sin embargo, falleció poco tiempo después de iniciada la intervención, tras sufrir un paro cardiorrespiratorio.

Detenciones y fuerte reacción del sector médico La investigación estuvo a cargo del entonces juez Mario Martínez y derivó en decisiones judiciales que generaron un fuerte impacto en el ámbito sanitario. En el marco del expediente fueron imputados el cirujano Enrique Paliza y el anestesista Jorge Copari, quienes incluso llegaron a ser detenidos y trasladados a la alcaidía. La imputación bajo la figura de dolo eventual implicaba que los profesionales habrían podido representarse que su accionar podía provocar un desenlace fatal y, aun así, continuaron adelante con el procedimiento.

La detención de los médicos provocó una fuerte reacción del sector de salud en la provincia, con paros de actividades, movilizaciones y reclamos de profesionales, que denunciaban una criminalización del acto médico. En paralelo, la familia del adolescente sostenía que el caso exponía un sistema de derivaciones irregulares desde el ámbito público hacia clínicas privadas.

El interrogante judicial

Con el avance de la investigación, la fiscalía presentó en 2013 la requisitoria de elevación a juicio, lo que normalmente constituye el paso previo al debate oral. Sin embargo, según surge ahora del análisis del expediente, ese trámite no habría sido remitido oportunamente a la Cámara Penal, lo que dejó la causa sin avanzar hacia la instancia de juicio durante años. La situación quedó al descubierto recién ahora, a partir del pedido de informe del CENAVID.

El punto central que deberá resolverse es si la acción penal aún se encuentra vigente o si el tiempo transcurrido desde los hechos terminó por extinguir la posibilidad de juzgar el caso. De confirmarse la prescripción, uno de los casos judiciales más impactantes vinculados a presunta mala praxis en La Rioja podría cerrarse sin que se haya realizado el juicio oral, pese a existir una acusación fiscal desde hace más de diez años.

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