La referente de la educación pública y protagonista en la defensa del ambiente, Marta Maffei, es una de las voces más influyentes en la promoción de políticas que buscan equilibrar desarrollo y cuidado de los recursos naturales. Para aportar claridad sobre los alcances de la Ley de Glaciares, Radio Independiente dialogó con la especialista.

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Vale decir que Marta Maffei impulsó la histórica lucha de la Carpa Blanca, fue diputada nacional, fue parte del movimiento nacional de Chicos del Pueblo, forma parte de la coordinación de “Basta es Basta” y es una de las autoras de la Ley de Glaciares.

Para empezar, Maffei indicó que la ley fue producida en el año 2007 en un arduo trabajo. Oportunidad en que fue aprobada  con la sola abstención de los tres senadores de la provincia de San Juan. Recordó también que a los cuatro días tuvo un primer veto por parte de Cristina Fernández de Kirchner en 2008, pero que años más tarde logró ser aprobada tras una fuerte presión social. “Nos dijeron que no la volverían a vetar porque creían que no iba a salir, y sin embargo salió”, resumió, destacando la importancia de la participación colectiva, ya que “fue la sociedad la que se puso al hombro la lucha”.  

Mencionó en esa línea que, tras su sanción, la ley fue rápidamente cuestionada. El gobierno de San Juan y sectores vinculados a la actividad minera impulsaron planteos de inconstitucionalidad. El caso escaló entonces hasta la Corte Suprema de Justicia de la Nación Argentina, que finalmente ratificó la constitucionalidad de la norma, despejando los cuestionamientos y consolidando su vigencia en todo el país.

En tal sentido, Maffei explicó que la Argentina funciona bajo un “federalismo de concertación”, un modelo que se ubica entre dos extremos. “No somos una confederación de Estados, donde cada provincia conserva plena autonomía normativa, pero tampoco un Estado unitario”, señaló.

Según detalló, se trata de un esquema intermedio en el que conviven normas nacionales y provinciales, aunque estas últimas no pueden contradecir la legislación de alcance federal. En ese sentido, recordó que el país cuenta con un único Código Penal y un único Código Civil, lo que refleja la existencia de un marco jurídico común para todo el territorio. “Las provincias tienen sus propias regulaciones, pero deben armonizarse con las leyes nacionales”, sintetizó.

En ese punto, Maffei subrayó que, a diferencia de otras áreas del derecho, en materia ambiental no existe en la Argentina un código único que ordene toda la normativa. “Es un derecho relativamente nuevo, desarrollado en las últimas décadas, y no hay un código ambiental nacional”, explicó.

En ese vacío, cobra centralidad la Constitución Nacional. En particular, el artículo 41 establece el derecho de la población a un ambiente sano y fija los lineamientos generales en la materia. “La propia Constitución define que los presupuestos mínimos, es decir, los principios generales, los dicta el Congreso de la Nación, con representación de todas las provincias”, señaló. Y agregó: "Corresponde a las jurisdicciones provinciales aplicar y complementar esas normas”.

Bajo esa perspectiva, la Ley 26.639 se inscribe como una ley de presupuestos mínimos: no regula cada detalle, sino que establece principios básicos de protección ambiental que deben cumplirse en todo el país, mientras que su implementación concreta queda en manos de las provincias.

Seguidamente, precisó que “la República Argentina tiene agua dulce y agua salada y la cuestión de proteger los glaciares tiene que ver también con la posibilidad de que las provincias lindantes a la cordillera no se apropien de esta agua”, dejando a las demás provincias sin este elemento vital.

Otra de las apreciaciones de Maffei fue que Argentina es un país con suficiencia de agua y “eso nos ha hecho ser descuidados con el agua”, en referencia a los emprendimientos industriales a base de agua “que fueron enormemente contaminantes”. Para ejemplificar lo dicho, aludió al Riachuelo y al  aumento de químicos y sus múltiples combinaciones.

Apuntó, a su vez, a la necesidad de que los legisladores se informen “porque al momento de votar tienen que tener la responsabilidad de saber que está en juego la vida de la gente”.

Por otra parte, la especialista destacó la importancia del estudio de impacto ambiental estratégico, una herramienta que permite evaluar de manera integral la carga de contaminación en un territorio determinado. Explicó que no alcanza con analizar cada emprendimiento por separado, sino que resulta imprescindible considerar el efecto acumulativo de las distintas actividades. “Es necesario controlar la contaminación de forma sumativa y no centrarse únicamente en el impacto individual de cada industria”, ejemplificó.

En los tramos finales de la entrevista, Maffei señaló que la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas se apresta a presentar un recurso respaldado por unas 800 mil adhesiones. Para la exdiputada, ese nivel de acompañamiento refleja una creciente conciencia social en materia ambiental: “No sé cuándo vamos a tener plenamente garantizada nuestra ley de glaciares, pero la vamos a tener”, afirmó.

A continuación, advirtió sobre compromisos internacionales asumidos por la República Argentina que, según sostuvo,  podrían presionar para flexibilizar normativas ambientales con el objetivo de no afectar intereses de empresas extranjeras, en particular de Estados Unidos. En ese sentido, alertó que esa orientación podría impactar no solo sobre la ley de glaciares, sino también sobre otras normas de protección como la ley de bosques y la ley de tierras.

Para cerrar, consideró que uno de los problemas a atacar es la falta de información, sugiriendo en ese marco, que estos asuntos deberían ser enseñados en las escuelas. Paralelamente, lamentó que algunos medios de comunicación difundan trivialidades, mientras silencian información importante.

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