Luego de que el Tribunal Superior de Justicia dictara medidas preventivas por denuncias de violencia laboral en la Cámara Primera -que la tienen como magistrada involucrada-, la jueza Carolina Courtis realizó una fuerte defensa pública.

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Aseguró ser víctima de hostigamiento desde hace años, denunció presiones indebidas y afirmó tener pruebas en sede penal y administrativa. La jueza Carolina Courtis habló públicamente por primera vez tras el comunicado emitido por el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de La Rioja, que dispuso medidas preventivas en el ámbito de la Cámara Primera en lo Civil, Comercial y de Minas, en el marco de actuaciones por presunta violencia laboral en las que la magistrada se encuentra involucrada.

Horas después de conocerse la resolución institucional, Courtis brindó una entrevista en la que expuso su versión de los hechos y aseguró que desde hace años es víctima de hostigamiento dentro del Poder Judicial. “Esto es muy difícil para mí por la repercusión pública que puede tener, pero tengan presente que la violencia atraviesa todos los ámbitos, también la Justicia”, expresó. Y agregó: “Las víctimas hablamos cuando podemos, no cuando queremos”.

La magistrada confirmó que ya realizó denuncias tanto en sede administrativa como penal, donde acusó lesiones psicológicas, estafa procesal y otros hechos. “Tengo pruebas de todo: instrumentales, documentales, testimoniales”, afirmó.

En ese marco, relató un episodio que considera clave: la visita de un funcionario judicial que, según su versión, intentó obtener información sobre un expediente reservado invocando al Tribunal Superior de Justicia. Courtis explicó que se trataba de una causa sensible y que le advirtió que ese accionar podía constituir un delito. “Le dije que lo que estaba haciendo era tráfico de influencias. Me levantó la voz, me dijo que estaba loca y se fue dando un portazo”, señaló. Incluso, durante la entrevista se difundió un audio que, según la jueza, respalda su denuncia y en el que se mencionan consultas informales sobre el estado de causas judiciales. Para Courtis, ese tipo de maniobras “deben realizarse por las vías legales correspondientes” y no mediante intermediarios.

La jueza también indicó que cuenta con una medida de protección vigente por 120 días, dictada a fines de 2025, que ordena el cese de actos de perturbación e intimidación en su contra. “Hace años que vivo esta situación. La violencia no es un hecho aislado, es un proceso que se va dando de a poco”, sostuvo, y vinculó incluso problemas de salud con el estrés atravesado en el ámbito laboral.

El comunicado del TSJ

El viernes, el Tribunal Superior de Justicia informó que, tras analizar una serie de expedientes y actuaciones, resolvió dictar medidas preventivas en la Cámara Primera debido a denuncias y testimonios que señalan a una magistrada por presuntas conductas de violencia laboral. Según el parte oficial, se registraron presentaciones de empleados, secretarias y funcionarias judiciales que describen situaciones de trato inadecuado, manifestaciones en tono elevado, exigencias improcedentes y posibles episodios de intimidación.

También se mencionaron dificultades en la organización interna, como movimientos de expedientes sin registración administrativa y requerimientos de documentación en condiciones complejas. En ese contexto, el TSJ dispuso la prohibición de contacto y comunicación entre la magistrada involucrada –en referencia al caso de Courtis– y el personal que no integra su sala, incluyendo juezas y funcionarios de otras salas de la Cámara Primera.

La medida tiene una vigencia de 120 días y se enmarca en el objetivo de preservar el ambiente laboral y garantizar el normal funcionamiento del servicio de justicia.

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