El Juzgado en lo Correccional N° 6 de San Isidro condenó este martes a un ex fiscal, dos abogados y un testigo por haber intervenido en una operatoria destinada a introducir pruebas falsas en la investigación del asalto a la vivienda de Sergio Massa y Malena Galmarini, ocurrido en 2013 en Tigre.

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El fallo, firmado por el juez Hernán Sergio Archelli, estableció que Carlos Washington Palacios, Tomás Ángel Pérez Bodria, Esteban Mauricio Español y César Emiliano Jaunarena actuaron de manera coordinada para beneficiar a Alcides Gorgonio Díaz, ya condenado por el hecho, e intentar debilitar la validez de las pruebas que sustentaron aquella sentencia.

Según se reconstruyó en el expediente, el episodio del 21 de julio de 2013, inicialmente presentado como un robo, fue considerado en sede judicial como un hecho de intimidación política. A partir de los allanamientos posteriores, se obtuvieron elementos clave que derivaron en la condena de Díaz a 13 años de prisión.

No obstante, entre fines de 2014 y comienzos de 2015 se desplegó una maniobra paralela para alterar el curso del proceso. El tribunal determinó que Palacios utilizó una denuncia por amenazas presentada por Jaunarena para desviar la investigación hacia cuestionamientos sobre los procedimientos policiales, en lugar de profundizar en el origen de esas intimidaciones.

En ese contexto, los abogados involucrados habrían orientado al testigo para que incorporara datos falsos en sus declaraciones. Entre otras afirmaciones, Jaunarena sostuvo que durante los allanamientos se había incautado una suma mayor de dinero a la registrada oficialmente y que una persona ajena había ingresado con un bolso al lugar, circunstancias que luego fueron descartadas por la prueba judicial.

El juzgado valoró además evidencia de comunicaciones y testimonios que permitieron acreditar la articulación entre los acusados, así como intentos de influir en otros testigos para modificar sus versiones.

La sentencia también retoma antecedentes disciplinarios: Palacios había sido removido de su cargo en 2019 tras un jury que concluyó que había incumplido sus deberes funcionales y actuado fuera de los límites de su competencia.

Al momento de fijar las penas, el magistrado consideró la gravedad institucional de los hechos, al entender que se utilizó el sistema judicial con fines indebidos. En ese marco, dispuso seis años de prisión y doce de inhabilitación para el ex fiscal; cinco años de cárcel e igual período de inhabilitación profesional para los abogados; y cuatro años de prisión para el testigo.

Tras conocerse el veredicto, Malena Galmarini sostuvo en redes que la resolución judicial cierra un largo proceso marcado por intentos de distorsionar los hechos y destacó que “Intentaron ensuciar la verdad y terminaron condenados”.

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