La Casa Rosada tras las rejas es el símbolo más acabado de cuándo los gobiernos o los gobernantes se encierran en sí mismo sin escuchar las demandas sociales. Ocurre en estos días con el Gobierno nacional que prohibió el ingreso del periodismo crítico sobre la marcha de la economía del país y/o se hace eco de los reclamos cotidianos de una sociedad que no encuentra salida a la crisis que vive día a día.

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Más allá de las diferencias ideológicas que sustenten los modelos económicos en pugna, no se puede aceptar que en aras de instaurarlo se pida a la población que se sacrifique al extremo ahora ante la expectativa de un futuro mejor. Un futuro que no tiene fecha cierta, en tanto millones de argentinos ven cómo sus ingresos salariales o previsionales no les permiten llegar a fin de mes o que el cierre de fábricas, comercios y otras instituciones los incluyan en la estadística de los desocupados.

Intentar tapar estas realidades prohibiendo o restringiendo información a la prensa no es que los hechos van a dejar de ocurrir, tampoco debe verse solo como una represalia contra el periodismo porque informar es un principio republicano que exige la democracia y la Constitución a través de la publicidad de los actos de gobierno, los que deben ser transparentes y conocidos por la sociedad.

Cómo se difunden

En general los gobiernos no cumplen acabadamente con este principio y no basta con que, como dijo el jefe de Gabinete Juan Luna, la información esté disponible en las páginas web del gobierno nacional y provincial. No todos los ciudadanos tienen conocimientos ni tiempo para filtrar, desglosar y comparar el cúmulo de datos que contienen estos sitios y determinar cuánto ingresa a la provincia y cómo se gasta en cada área o ministerio.

Tampoco alcanza con publicar leyes, decretos, licitaciones, edictos, convocatorias o resoluciones en el Boletín Oficial cuya distribución es restringida y de lectura compleja y técnica. Un ejemplo ocurrió a principios de este año cuando el gobierno provincial, socio mayoritario de la SAPEM Arauco Energía, convocó a una asamblea para iniciar un proceso de venta de la unidad de energía solar. La difusión fue limitada y ante la consulta periodística hubo funcionarios que lo negaron. Estas situaciones son las que dan lugar a rumores, interpretaciones erróneas y reclamos de transparencia que masivamente y no en buenos términos, se pide en las redes sociales.

Ni las páginas web ni el Boletín Oficial, -las primeras por la profusión de datos y el boletín por ser un instrumento obsoleto- contribuyen a que el Gobierno provincial cumpla con el principio republicano de difusión de los actos oficiales, menos con la transparencia.

Más grave aun cuando la restricción -por inoperancia o por desidia o por interés- ocurre entre los propios organismos y poderes del Estado que a través de diferentes procedimientos legales requieren información, datos o investigaciones que den respuestas a los ciudadanos.

Cuando la realidad estalla

En algún momento la realidad estalla frente al ocultamiento o la prohibición. Pasó en estos días en el Gobierno nacional porque ante el cuestionamiento periodístico o social por los resultados de la gestión económica, se optó por atacar con violencia verbal al periodismo y a la oposición desconociendo que efectivamente hay una caída real -por ejemplo-, de la recaudación que se coparticipa a las provincias o que los magros ingresos salariales bajan el consumo o que la falta de venta deriva en la quiebra o cierre de empresas y comercios.

Es cierto que las estadísticas macro favorecen al gobierno porque bajó la pobreza y la inflación, pero se cuestionan los instrumentos de medición y que la economía creció, pero solo en tres sectores: el financiero, el agroganadero y la minería que benefician a una minoría.

Sin embargo, todos esos datos positivos no son suficientes para tapar la realidad que viven las mayorías, tanto que el presidente Milei, sin admitirlo públicamente, tuvo que salir a auxiliar a 12 provincias incluida La Rioja por la drástica caída de la Coparticipación a tal punto que en algunas jurisdicciones peligra el pago de los sueldos.

En otro hecho inédito en la gestión libertaria pero que marca que la realidad acecha fue el posteo que realizó el jueves por la noche cuando Milei escribió: “Sabemos que estos últimos meses fueron duros”, pero Argentina, aseguró, está “mucho mejor” que en 2023 por eso “pedimos paciencia. El rumbo es el correcto”. También reconoció que “no todos están mejor” porque “los procesos de mejora no avanzan a la misma velocidad para todos”. Algunos internautas no le perdonaron el pedido de paciencia y otros le recordaron que el año pasado dijo que “lo peor ya pasó”.

¿No la ven?

Parafraseando al presidente Milei que popularizó la frase “no la ven” contra la política tradicional, se podría revertir la dirección del comentario. Porque no solo el Presidente “no ve” que las políticas públicas que están aplicando derivan en el descalabro de la microeconomía.

Es el caso de algunos gobernadores de diferentes signos políticos que apoyan leyes y medidas libertarias y a la vez padecen las consecuencias negativas de esas políticas o que sus beneficios no alcanzan a todos.

Por ejemplo, el gobernador de Neuquén, en declaraciones a INFOBAE desmitificó la idea de provincia petrolera rica (por Vaca Muerta). “No sobra el trabajo” y faltan servicios dijo. Los buenos salarios son de petroleros altamente capacitados y la provincia debe invertir para mejorar las condiciones de vida de los neuquinos. Con las grandes inversiones no alcanza.

En Catamarca, Raúl Jalil, peronista, soportó la protesta de docentes y municipales por bajos salarios, sin contar fábricas cerradas por falta de consumo. Tiene minería hace 30 años y ocupa el cuarto lugar detrás de La Rioja con mayor pobreza. En estos días, diseñaron un cronograma especial para el transporte urbano nocturno por la suba de los combustibles y la fuerte caída de usuarios.

No muy diferente es la situación de Jaldo, Tucumán, peronista quien se quejó porque no es provincia “petrolera ni minera” y en los dos últimos años “perdimos fondos equivalentes a una y media masa salarial”, sin embargo, mantiene el apoyo al gobierno libertario.

Quien decretó un fuerte ajuste administrativo hace menos de una semana fue Gustavo Sáenz de Salta, peronista disidente. Es provincia minera, pero tuvo que asumir subsidios al transporte y la atención a discapacitados cortados por la Nación (como hizo Quintela acá). Ahora, con la eliminación del programa Volver al Trabajo, quedarán sin ingresos 35 mil salteños, el doble de lo que tiene La Rioja.  “Son 4 mil millones de pesos que movían la economía doméstica” se quejó uno de los secretarios del gobierno.

Ingresos para todos

Las grandes inversiones que se anuncian para el sector minero y de hidrocarburos, sin duda, constituyen un instrumento económico que contribuirá al desarrollo de las provincias. Sin embargo, más allá de las garantías que supuestamente ofrecen respecto al cuidado ambiental como declaman inversores, gobernantes y técnicos, no se debe desconocer que la oferta laboral directa e indirecta es limitada, la capacitación que se exige es muy alta y las regalías que reciben las provincias alcanzan el 3% en el mejor de los casos.

Este panorama obliga a pensar qué hará el resto de los argentinos que no se beneficie con estas inversiones si en el mientras tanto se destruye la industria, el comercio y se limita el turismo que hasta hace unos años daba trabajo a millones de argentinos. Tampoco hay lugar para pequeños y medianos emprendimientos agrícolas ganaderos, culturales, educativos o sociales de alcance local menos aún para la economía solidaria que trata de gestionar proyectos en respuesta a necesidades de pueblos o ciudades inviables para los grandes inversores.

Alternativas

Mientras el gobierno anarco libertario sigue defendiendo el libre mercado como regulador de la actividad económica “caiga quien caiga”, no se avizora una alternativa concreta. La disputa parece centrarse en dos opciones. Una política de shock que impacte rápidamente en mejorar ingresos y reactivar la actividad económica y otra en la continuidad de una política más de centro, más liberal que libertaria que morigere la situación actual manteniendo a grandes rasgos el control sobre el gasto público.

Peronistas de derecha, ex peronistas, radicales, liberales y los gobernadores mencionados más otros, juegan por este último espacio, por la ancha avenida del medio. Al principio intentaron aliarse al peronismo que pondera la justicia social como eje central (supone gasto público) aunque ahora se los ve más distanciados.

El otro peronismo el que aboga por independencia económica y justicia social quizás podría proponer una política de shock, pero está entretenido en decidir quien conduce.  Se perfila el gobernador Kicillof que recibió el apoyo de Quintela en lo que se interpreta como que el riojano se descarta como presidenciable, si es que tuvo esas intenciones.

En La Rioja el debate está centralizado en candidaturas. El peronismo discute cómo elegirlo; La Libertad Avanza sigue socavando las bases del quintelismo para llegar al poder. Por el mismo camino se entretiene el radicalismo, ex peronistas y otros dispuestos a hacerse de la provincia.

Nadie habla de los recursos para gobernar que dependerán de si reelige o no Milei porque ni la minería por más RIGI que se aplique ni la infraestructura que requiera cualquier otro proyecto de desarrollo se harán realidad en el próximo gobierno menos con los escasos fondos que están llegando a la provincia. 

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