Representantes de todo el arco cooperativo manifestaron este martes un rechazo generalizado al proyecto conocido como "Ley Hojarasca" durante una reunión de la Comisión de Asuntos Cooperativos, Mutuales y ONG de la Cámara de Diputados de la Nación. La iniciativa, impulsada por el Gobierno nacional, propone derogar una serie de normas consideradas “obsoletas”, entre ellas la Ley 11.380, que establece la exención impositiva sobre edificios y construcciones de cooperativas.

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El principal eje de cuestionamiento fue el impacto que tendría la eliminación de esa exención en el cálculo de la contribución especial prevista por la Ley 23.427. Según coincidieron los expositores, esto implicaría un incremento significativo de la carga tributaria —que podría multiplicarse entre cuatro y diez veces— y pondría en riesgo la sustentabilidad de entidades clave para el desarrollo productivo y social en todo el país.

Alerta en el sector agropecuario

Desde la Confederación Intercooperativa Agropecuaria (CONINAGRO), Mario Raiteri destacó el rol del cooperativismo en el desarrollo territorial y puso como ejemplo a localidades donde estas organizaciones garantizan servicios esenciales. “Es la cooperativa la que vino a hacernos vivir mejor”, afirmó, al tiempo que pidió que el proyecto sea revisado para evitar el desfinanciamiento del sector.

En la misma línea, Edgardo Grünfeld, de la Federación de Cooperativas Federadas (FECOFE), advirtió que “si se avanza en esta ley, varias cooperativas dejarían de ser viables”. Por su parte, Claudio Mahfud, de Agricultores Federados Argentinos (AFA), expresó su preocupación por el impacto en las cooperativas de servicios, especialmente en zonas donde el Estado no tiene presencia.

Impacto en precios y servicios

El presidente de la Federación Argentina de Cooperativas de Consumo (FACC), Néstor Fiumano, explicó que el incremento impositivo se trasladaría directamente a los costos y, en consecuencia, a los usuarios. “Estamos donde las grandes cadenas no van, brindando servicios a precios justos”, sostuvo. Además, detalló que el tributo podría aumentar entre cuatro y cinco puntos, afectando la viabilidad de muchas entidades.

Riesgo tarifario y de quiebra en el sector eléctrico

Desde el ámbito de los servicios públicos, Bruno Rodríguez, de la Confederación Argentina Interfederativa de Cooperativas Eléctricas, alertó que la modificación en la base de cálculo del tributo podría multiplicar exponencialmente los montos a pagar. “Una cooperativa que hoy tributa 50 millones podría pasar a pagar 500 millones anuales”, ejemplificó.

A su turno, Omar Zorzenon, de la Federación Argentina de Cooperativas de Electricidad (FACE), planteó el dilema que enfrentaría el sector: “¿Qué le decimos a los socios? ¿Que tenemos que aumentar la tarifa?”. Y recordó que los usuarios ya soportan incrementos de hasta el 600% en los últimos años.

Cooperativas de trabajo y economía social

Desde la Federación de Cooperativas de Trabajo (FECOOTRA), Cristián Horton advirtió que “en un contexto de recesión, aumentar la base impositiva atenta contra la existencia de las unidades productivas”. En tanto, Juan Carlos Junio, del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos (IMFC), rechazó el concepto de “hojarasca” y defendió el carácter no lucrativo del sector: “Las cooperativas no tienen ganancias, tienen excedentes que se reinvierten”.

En el ámbito de la salud, Pablo Rodolfi, de la Federación Argentina de Entidades de la Salud Solidaria (FAESS), calificó la iniciativa como “un cambio tributario encubierto” y cuestionó el modo en que se impulsa la reforma.

Un rechazo transversal

Desde la Confederación de Cooperativas de la República Argentina (COOPERAR), Eduardo Canedi pidió a los legisladores considerar el impacto en el empleo, al señalar que una parte significativa de la mano de obra en servicios proviene del cooperativismo y el mutualismo. A su vez, César Basañes sostuvo que el argumento de obsolescencia de las normas es “un error técnico”.

Finalmente, Sebastián Ramos, de CONARCOOP-FECUTA, afirmó que el proyecto “viene a destruir el trabajo solidario” y advirtió sobre sus consecuencias en el entramado productivo.

Debate abierto en el Congreso

La reunión dejó en evidencia un amplio consenso dentro del movimiento cooperativo respecto al impacto negativo del proyecto. Las exposiciones coincidieron en que la derogación de la Ley 11.380 no representa una simple actualización normativa, sino una modificación estructural del esquema impositivo que podría comprometer la sostenibilidad de miles de entidades en todo el país.

El debate continuará en el ámbito parlamentario, donde se definirá si el proyecto sufre modificaciones o avanza en su forma actual, en medio de una fuerte presión del sector cooperativo.

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