La jueza vocal del Tribunal Superior de Justicia de La Rioja, Dra. Gabriela Asís, dialogó con Radio Independiente sobre el Protocolo Provincial de Intervención ante Situaciones de Violencia en Razón de Género de La Rioja, establecido formalmente por la Ley Provincial N.º 10.800.

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En primer lugar, la magistrada indicó que la semana pasada se realizó la presentación oficial del protocolo en la Secretaría de la Mujer y Diversidad. Al respecto, explicó que se trata de "una herramienta más que lo que hace es fortalecer la respuesta estatal frente a situaciones de violencia por razones de género".

Asimismo, remarcó que son numerosos los organismos que intervienen ante casos de violencia de género, pero destacó que el principal aporte de esta herramienta es la articulación de acciones entre las distintas instituciones. "Lo que hace este protocolo es fijar pautas comunes de actuación, es decir, articular y coordinar para que estos eslabones funcionen y den una respuesta de mayor calidad y con mayor rapidez", sostuvo.

En ese contexto, Asís puso énfasis en algunos de los principios rectores que contempla el protocolo. Entre ellos destacó el principio de confidencialidad, al que consideró fundamental en comunidades pequeñas, debido a que se trata de situaciones especialmente sensibles que requieren resguardo y protección de la información.

Otro de los enfoques contemplados es el de interseccionalidad, que reconoce la coexistencia de distintas situaciones de vulnerabilidad que pueden agravar los escenarios de violencia. Según explicó, existen circunstancias particulares que incrementan el riesgo y requieren una atención específica por parte del Estado.

Posteriormente, la jueza destacó la importancia de contar con personal capacitado y con vocación para abordar situaciones de violencia de género, al considerar que no todas las personas poseen el mismo perfil para desempeñarse en este tipo de tareas.

En ese sentido, sostuvo que resulta fundamental formar equipos especializados que no solo cuenten con las herramientas técnicas necesarias, sino también con la sensibilidad requerida para acompañar a quienes atraviesan situaciones de vulnerabilidad. "No es lo mismo una persona que cumple esa función por obligación que alguien que tiene vocación y se ha capacitado en la temática", expresó.

La magistrada señaló que uno de los reclamos más frecuentes de las víctimas está relacionado con las dificultades encontradas en el primer contacto con las instituciones. Por ello, insistió en la necesidad de garantizar una atención adecuada y empática desde el primer momento.

Asimismo, remarcó que detrás de cada expediente judicial existe una historia personal y una situación humana compleja que requiere compromiso y sensibilidad. "No se trata solamente de un papel o de un trámite administrativo; detrás de cada actuación hay personas que están atravesando momentos muy difíciles", afirmó.

Otro de los aspectos destacados por la magistrada es que la Ley Provincial N.º 10.800 tiene vigencia en todo el territorio riojano. Sin embargo, aclaró que su implementación presenta particularidades según la realidad de cada departamento.

En ese sentido, explicó que en la ciudad Capital existen organismos específicos, como los juzgados de Violencia de Género, mientras que en el interior provincial la articulación suele realizarse a través de las áreas municipales competentes, que funcionan como nexo entre las personas afectadas y los distintos organismos de intervención.

Consultada sobre las estadísticas vinculadas a las denuncias y casos de violencia de género durante los primeros seis meses de 2026, Asís indicó que no contaba con cifras concretas al momento de la entrevista. No obstante, aseguró que tampoco observa indicadores que permitan afirmar una disminución de los hechos de violencia.

La jueza advirtió sobre la existencia de discursos y situaciones que, a su entender, contribuyen a naturalizar distintas formas de violencia, particularmente la violencia de género. Según expresó algunos discursos impulsados desde el Gobierno nacional tienden a minimizar las problemáticas vinculadas a la violencia de género.

En ese marco, expresó su preocupación por iniciativas vinculadas a las denominadas falsas denuncias, al considerar que representan un retroceso en materia de derechos. Según señaló, este tipo de situaciones constituyen un porcentaje mínimo de los casos registrados y "no representan ni el 2% de las denuncias".

Por ello, sostuvo que la atención debe centrarse en fortalecer los mecanismos de prevención, protección y acceso a la justicia para las víctimas, antes que en instalar debates que puedan desalentar la realización de denuncias y profundizar situaciones de vulnerabilidad.

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