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Imputaron por defraudación a la comisión directiva de los gráficos y hoy los indagan

Integrantes de la comisión directiva del Sindicato Gráfico fueron imputados por “defraudación por administración fraudulenta” por el fiscal Luis González Aguirre y serán indagados entre hoy y mañana por el juez Raúl Gustavo Díaz.



Además de los hechos denunciados, en la causa hay pruebas sobre irregularidades en los balances, verificados por la veedora judicial.
 
Para hoy, a las 10 han sido citados, al  Juzgado N° 1 por calle P.B Luna, Adrián Molina, en el momento de la denuncia tesorero, hoy secretario general y otros dos integrantes más de la comisión directiva, Francisco Andrés Albornoz y Julio César Bustos. Mañana, a la misma hora deberán presentarse Marcelo Gustavo Moreno y Segundo Antonio Albornoz, este último de la comisión revisora de cuentas cuando se hizo la denuncia.
 
La investigación judicial abarca del 2012 al 2018 únicamente, iniciada en principio por quien era secretaria general, Cristina Molina Miranday quien también publicó en el diario El Independiente varias solicitadas enumerando las irregularidades de sus ex compañeros de la comisión directiva y continuada luego por afiliados al Sindicato Gráfico, representados por el abogado Rodolfo Asís.
 
En la resolución de la fiscalía, firmada el pasado 9 de este mes, se sostiene que en base al relato de los hechos denunciados  y “las pruebas vertidas en la presente causa, se desprende la existencia de irregularidades en los balances, tal como surge de la informativa emitida por la veedora judicial y ratificado el informe por el veedor de parte. En igual término surgen que la mutual MUSIGRA no cuenta con personería ni los requisitos exigidos por ley para su funcionamiento,  el cual es un ente distinto del Sindicato Gráfico”.
 
La denuncia apuntó a toda la comisión directiva de ese momento, muchos de los cuales siguen en sus cargos, porque “aprobaron los manejos irregulares” siendo “partícipes necesarios y encubridores”. Entre los hechos considerados delitos figuran la emisión de “recibos mellizos adulterados”; transferencias de dinero del entonces tesorero Adrián Molina sin autorización de la secretaria Molina Miranday o falsificando su firma, entre otras numerosas irregularidades que incluyen a la mutual del gremio. 
 
La imputación a los mencionados dirigentes quedó encuadrada como “defraudación por administración fraudulenta” artículo 173, inciso 7° del Código Penal.