Los trabajadores organizados, nucleados en la Intersindical de la Provincia de La Rioja, repudiaron y rechazaron el cierre de la Dirección Nacional de Vialidad y la disolución de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte y de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, que al ser fusionadas con otras áreas.

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En un comunicado dado a conocer ayer los trabajadores expresaron el “más frontal rechazo a esta intempestiva decisión del gobierno cruel e insensible del presidente Javier Milei, ya que el cierre de estos organismos y su abandono derivarán en más accidentes y peligro para millones de personas que transitamos todos los días las rutas nacionales argentinas”.

“Esto -agregaron- no es nada más, que un ataque directo al modelo de país federal que los trabajadores defendemos, por cuanto deja en vilo a miles de compañeros, cuyas funciones y tareas en cada una de las rutas de la Argentina son fundamentales para la prevención de accidentes automovilísticos, una de las principales causas de muerte en nuestro país”.

Advirtieron que “la eliminación de estos organismos, constituye un acto de estricta irresponsabilidad institucional y de extrema gravedad, que no podemos aceptar. Las rutas son las venas que conectan a nuestra Argentina productiva. Sin obra pública, no hay justicia social ni desarrollo económico”.

Asimismo la Intersindical señaló que “la desaparición de los organismos estatales de prevención y supervisión son acciones intempestivas e improvisadas de un gobierno que, en lugar de poner sus esfuerzos en mejorar la vida de los argentinos, lleva adelante acciones cuyo único objetivo es generar incertidumbre sobre miles de puestos de trabajo y profundizar el estado de abandono, en el que se encuentran actualmente nuestras rutas argentinas”.

Puntualizaron que “hacemos responsable al gobierno del presidente Javier Milei, de propiciar rutas nacionales de la muerte, al desmantelar un organismo clave para su mantenimiento, por cuanto la disolución de la Dirección Nacional de Vialidad es una decisión profundamente ideológica que se enmarca en un plan de reducción del Estado, avanzando sobre estructuras fundamentales de su existencia, con el falso argumento de la falta de eficiencia y de transparencia”.

Por último la Intersindical hizo un llamado “a los gobernadores, senadores y diputados nacionales de todas las fuerzas políticas a oponerse a este decreto que sólo tiene el objetivo de destruir y abolir el Estado, en su máxima expresión, constituyendo un retroceso sin precedentes, que implica el abandono de miles de kilómetros de rutas nacionales, la pérdida de más de 5.000 puestos de trabajo y el desmantelamiento de estructuras claves para la soberanía nacional”.

 

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