
La insistencia sobre los vetos presidenciales a los aumentos jubilatorios, la moratoria previsional y la emergencia en discapacidad también podría formar parte de la agenda, aunque aún no se oficializaron las devoluciones del Ejecutivo.
Después de dos semanas de escasa actividad legislativa, y con el receso invernal en marcha, todo indica que la Cámara de Diputados volverá a sesionar recién en la primera semana de agosto. Aunque en algún momento se evaluó la posibilidad de convocar para el miércoles 30 de julio, los movimientos se fueron diluyendo con el correr de los días. Entre las vacaciones de los legisladores en sus provincias y la inminencia del cierre de listas, el escenario político no favoreció los intentos de adelantar el debate.
La agenda que prepara la oposición para ese regreso es amplia y, sobre todo, sensible. El foco estará puesto en los proyectos enviados por los gobernadores y que ya obtuvieron media sanción en el Senado. Se trata de iniciativas vinculadas al reparto de Aportes del Tesoro Nacional (ATN) y a la modificación del Impuesto a los Combustibles Líquidos (ICL). La particularidad es que esos proyectos no pasaron por comisión en Diputados, por lo que requerirán una mayoría de dos tercios para ser tratados sobre tablas. Sin embargo, la oposición confía en contar con el respaldo de los mandatarios provinciales para conseguir ese número, al menos en este tramo.
Aun así, persiste una incógnita: aunque el oficialismo confirmó los giros a las comisiones, lo que en principio implicaría que el presidente de Presupuesto, José Luis Espert, habilite el debate, en los pasillos del Congreso circula la versión de que podría mantenerse la estrategia de bloqueo que se aplicó durante todo el año. Hasta ahora, la comisión logró reunirse tras fuertes emplazamientos votados en el recinto. Habrá que ver si esta vez se convoca formalmente para la primera semana de agosto -lo que implicaría que se ponga en duda el tratamiento en sesión- o si se vuelve a intentar dilatar la discusión.