La CIDH evalúa una misión a la Argentina
El progresivo deterioro de la libertad de expresión en la Argentina fue el eje de la audiencia temática celebrada ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en la Universidad de Miami.
La audiencia fue concedida de manera unificada a raíz de dos solicitudes encabezadas por FOPEA y el CELS, junto a una coalición integrada por Poder Ciudadano, Amnistía Internacional, SiPreBA, FATPREN y ARGRA, entre otras. El objetivo fue actualizar el diagnóstico sobre el ejercicio del periodismo en el país, una situación que ya había generado advertencias en el informe 2024 de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión.
Durante el encuentro, que se extendió por más de dos horas, la sociedad civil presentó datos concretos y testimonios sobre el inquietante panorama actual, acentuado desde el inicio de la gestión de Javier Milei.
Tras escuchar estos argumentos y la respuesta del Estado nacional, los miembros de la Comisión manifestaron su preocupación y dejaron abierta la posibilidad de realizar una visita formal al país para realizar un seguimiento exhaustivo del tema.
El planteo de FOPEA y la sociedad civil
La apertura de la exposición estuvo a cargo de Paula Moreno, presidenta de FOPEA. “Agradecemos la oportunidad de exponer un deterioro veloz y pronunciado del clima para el ejercicio periodístico”, declaró. En representación de la entidad también estuvieron el vicepresidente Claudio Jacquelin; el periodista e integrante de la Comisión Directiva, Hugo Alconada Mon; y el abogado y representante de Poder Ciudadano, Hugo Wortman Jofré.
Moreno enumeró tres hechos medulares que dan cuenta de la degradación: el aumento inédito de agresiones -principalmente violencia digital y hostigamiento protagonizado por las máximas autoridades-; el uso de acciones judiciales para intimidar a periodistas y la violencia física contra la prensa durante manifestaciones.
Al exponer los datos del Monitoreo de Libertad de Expresión de FOPEA, citó cifras alarmantes: en 2024 se registraron 179 casos de ataques, lo que representa un aumento del 53% respecto a 2023 y del 103% frente a 2022. Además, en lo que va del 2025 ya hay un récord de 257 casos, superando incluso las cifras del año 2013.
La presidenta de FOPEA consignó que el discurso gubernamental está signado por el uso de “narrativas de odio y desinformación” como estrategia de confrontación. “Todo se resume en la elocuencia de la frase del propio Presidente Milei, replicada por funcionarios y seguidores: ‘No odiamos lo suficiente a los periodistas’”, concluyó.
En su intervención, Wortman Jofré se refirió a las restricciones institucionales, haciendo hincapié en el uso de la justicia como arma política y citando como punto crítico las modificaciones a la Ley de Acceso a la Información Pública. “El uso de la justicia crea un ambiente de miedo y desconcierto, forzando a los periodistas a evaluar muy detenidamente si profundizan o abandonan sus líneas de investigación“, advirtió.
Hugo Alconada Mon brindó un relato detallado de la persecución que sufrió tras revelar un plan de la SIDE sobre espionaje interno. Precisó los intentos de hackeo y las amenazas recibidas: “El objetivo de los ataques es intimidar y desalentar a quienes podrían investigar o publicar información sensible”.
Por su parte, Claudio Jacquelin citó al ex editor de The Washington Post, Marty Baron: “La descalificación busca deshumanizar a los periodistas, convertirlos en objetos desechables”. Jacquelin advirtió que estas agresiones lesionan el derecho de la ciudadanía a estar informada y denunció la inactividad institucional, recordando que la Comisión de Libertad de Expresión de Diputados no funciona desde hace más de un año.
En otro tramo de la audiencia, las demás organizaciones denunciaron un patrón sistemático de violencia. Desde SiPreBA, FATPREN y ARGRA alertaron sobre la “normalización” del uso de máscaras de gas y los ataques directos de las fuerzas de seguridad, citando las graves heridas del fotógrafo Pablo Grillo y el desguace de Télam. A este escenario, Amnistía Internacional y referentes como Julia Mengolini sumaron testimonios y preocupación por las campañas de odio amplificadas por el Presidente, advirtiendo un ensañamiento particular contra las mujeres periodistas.
La postura del Gobierno
Alberto Julio Baños, subsecretario de Derechos Humanos de la Nación, intervino en representación del Estado nacional. Primero, cuestionó las expresiones de las organizaciones al entender que excedían el objeto de la audiencia porque criticaban las políticas públicas del Gobierno y la legitimidad de un pedido de informes de la Relatoría Especial. Consideró que en la Argentina no existen restricciones para el trabajo de la prensa y aseveró que no se tomaron “medidas regresivas”.
Además, sostuvo que se celebran conferencias de prensa y que se responden a los pedidos de acceso a la información pública. Sobre las denuncias de agresiones en marchas dijo que fueron “hechos aislados” y no una persecución deliberada. “El uso de la fuerza está regulado y la actividad periodística está protegida”, agregó.
La CIDH pide diálogo, respalda la Relatoría especial y analiza una visita al país
El presidente de la CIDH, José Luis Caballero, remarcó que el asunto de la libertad de expresión en Argentina merece una atención especial del organismo y recordó los pronunciamientos al respecto. En general, instaron al diálogo y a generar mecanismos que tiendan a mejorar la situación.
Tras escuchar las exposiciones, la comisionada Gloria De Mees reflexionó y apuntó a que para poder dialogar “hay que reconocer que hay un problema”, en relación a los dichos del representante estatal.
El Relator Especial para la Libertad de Expresión, Pedro Vaca, se solidarizó con los testimonios de Alconada Mon y de Julia Mengolini. Consignó que en ningún país democrático un periodista debería sentir desconfianza al cumplir con su labor. Añadió que, más allá de la censura previa y de las doctrinas constitucionales, hay estándares de libertad de expresión que deben cumplirse. Por su parte, la secretaria ejecutiva Tania Reneaum consideró que la pluralidad de la mesa marca una tendencia. “Preocupa, porque no hay una restricción normativa, pero pareciera que en la vía de los hechos hay restricciones y afectaciones. Si una mesa plural dice que hay una tendencia hay que mirar hacia allí con el afán de corregir” recomendó.
Los pedidos concretos ante la CIDH
En el cierre de la audiencia, FOPEA y Poder Ciudadano reafirmaron su compromiso con la defensa de la libertad de expresión y formalizaron ante la Comisión una serie de solicitudes concretas para frenar el deterioro del ejercicio periodístico en el país:
Se adhirió al pedido de una misión oficial del Relator Especial para la Libertad de Expresión (RELE) y la elaboración de un exhaustivo informe de país.
Se solicitó instar al Poder Ejecutivo Nacional a derogar el Decreto 780/2024, por restringir los alcances de la Ley 27.275 de Acceso a la Información Pública.
Se requirió la creación de un Observatorio Permanente que monitoree la situación de la libertad de expresión en Argentina.
Se pidió el apoyo de la Comisión para activar el acuerdo vigente entre la Corte Interamericana y la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN), así como el estudio de herramientas judiciales efectivas para proteger la labor periodística.
Se solicitó a la RELE la elaboración de un protocolo que garantice el litigio sin costos económicos en casos de reclamos por acceso a la información pública.
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