Mañana, el gobierno de la provincia asistirá a la audiencia con la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) en la que estarán representantes del gobierno nacional por el reclamo de un punto de la Coparticipación. Hasta ahora se confirmó que asistirán el Fiscal de Estado, Emilio Rodríguez y el abogado y constitucionalista Alberto García Lema que presentó la demanda hace 8 años.

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Tras conocerse que la provincia pedirá a la Corte Suprema de Justicia de la Nación que abra una etapa de conciliación con la Nación por el punto de Coparticipación que reclama marca la posibilidad de un cambio de actitud del gobierno de Quintela ya que significaría abrir una instancia de diálogo con el gobierno nacional.

El Fiscal de Estado, Emilio “Dito” Rodríguez afirmó este sábado en comunicación con Medios El Independiente que, en la audiencia, pedirá que, se abra una instancia de conciliación con la Nación para alcanzar un acuerdo por el punto de Coparticipación que “solucione el histórico conflicto que perjudica a todos los riojanos”.

La audiencia fue convocada por la demanda que hace 8 años, 2017, presentó el entonces gobernador Sergio Casas reclamando el reconocimiento de la Nación para que los fondos sean incluidos cada año en el Presupuesto nacional como compensación de los que se quitaron en 1988. 

Esos fondos fueron asignados a La Rioja antes de 1988, en atención a la situación de vulnerabilidad geográfica que tiene la provincia, la única del país sin ríos caudalosos permanentes, escasez de lluvias, relieve árido, salitroso, ocupado en un 60% con montañas. 

Ese año, se realizó la distribución por Coparticipación, pero no se incluyeron esos fondos, aunque sí eran enviados por fuera del Presupuesto como compensatorios, luego de permanentes gestiones de sucesivos gobiernos. El pedido de Casas, entonces, era incluirlos para que se envíen en forma automática como el resto de la Coparticipación. 

Otro reclamo

En 2023, apenas asumió como presidente, Javier Milei le recortó esos y otros fondos a la provincia, pese a estar incluidos en el Presupuesto nacional, como venía ocurriendo desde hace algunos años, por las evidencias que presentaba la provincia sobre la necesidad de esos fondos que comenzaron a llamarse “extras” cuando en realidad eran compensatorios.

En 2024, el gobierno provincial presentó una primera demanda contra el Estado Nacional ante la Corte Suprema de Justicia por la deuda del 2023 tras fracasar varias peticiones administrativas.

Simultáneamente, en la presentación firmada por los abogados Jorge Yoma y Andrés Gil Domínguez, se solicitó el pago mensual o diario de los fondos correspondientes al 2024.

A partir del 2024, se hicieron más presentaciones porque los fondos no eran enviados y se calculan actualmente, en 1.300 millones de dólares.

Dos causas

Una primera declaración de funcionarios y abogados que intervinieron en las dos causas era pedir la unificación, lo que quedará por establecer según el curso de la audiencia, aunque el fiscal Rodríguez señaló que en la exposición ante la Corte se mencionará la “obligación jurídica de la nación para con la provincia, que hoy se traduce en una deuda de aproximadamente 1300 millones de dólares por el punto de Coparticipación injustamente quitado al sancionarse la ley de Coparticipación 23548 del año 1988”.

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