La Rioja no logró que el gobierno de Milei incluyera en el Presupuesto Nacional los fondos por el punto de Coparticipación por los que lucha hace casi cuatro décadas. Los gobernadores del Norte Grande que lo peticionaron públicamente no dieron un solo paso en el Congreso para incluirlos. Por el contrario, votaron a favor del Presupuesto a cambio de Aportes del Tesoro Nacional (ATN).

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Un “toma y daca” que al final no es tal, porque los ATN recibidos a cambio del voto son mucho menos que los recursos que el Presupuesto quitará a las provincias.

En síntesis, La Rioja se quedó sin fondos compensatorios en represalia a su oposición a la gestión política libertaria junto a los gobernadores Kicillof, Insfrán y Melella, quienes coincidieron en que “Formosa, La Rioja, Buenos Aires y Tierra del Fuego son provincias excluidas por el presidente; no porque con nosotros no se pueda dialogar, es que no se nos puede comprar”.

El pedido por los fondos compensatorios comenzó mucho antes de la sesión en la que se denegó la inclusión, cuando los legisladores del peronismo riojano se entrevistaron con los diputados riojanos libertarios Martín Menem y Gino Visconti a instancia del ministro del Interior, Diego Santilli, encargado de las negociaciones con las provincias para acercar acuerdos por el proyecto. Santilli se mostró más predispuesto, pero declaraciones de otros miembros del Gobierno nacional y de los legisladores libertarios riojanos no anticipaban un avance positivo.

En la sesión

Así lo reveló, en la sesión, el diputado nacional del PJ, Sergio Casas, férreo defensor del punto, quien reconoció conversaciones previas, sin embargo, el proyecto aprobado refleja la lógica del ajuste permanente, sin contemplar las asimetrías provinciales. “No hay recursos para obras ni para educación; el presupuesto está orientado a los negocios financieros”, sostuvo.

La diputada Ilda Aguirre de Soria, tras la media sanción posteó en sus redes que “al no reconocer los recursos de La Rioja, profundiza la discriminación y el abandono que sufrimos desde 2024”.

La diputada nacional Gabriela Pedrali, que también rechazó el Presupuesto 2026, advirtió que el proyecto “profundiza la desigualdad, el centralismo y el recorte de derechos”. Cuestionó a Martín Menem y Gino Visconti por votar en contra de la provincia”.

Visconti de la LLA no habló en el recinto, pero luego argumentó que La Rioja no recibirá más fondos extras porque “no hay transparencia” y porque el Presupuesto 2026 está cada vez “más cerca de concretar las reformas del presidente Milei”.

Lo que sí reposteó Visconti, el día de la sesión, fue que Banco Nación otorgó el crédito hipotecario número 20.000 para construcción de viviendas. “Es histórico porque marca el regreso del crédito y de la casa propia para miles de familias argentinas" sostuvo. Lo que no dijo es que, esos créditos siempre estuvieron disponibles y siguen estando para ingresos superiores a 2 millones de pesos y cuotas de 500 mil a 20 años. Tampoco dijo que en Argentina hay un déficit de 3 millones de vivienda y que sin acceso a la vivienda social muchos quedan afuera.

Todos pierden fondos

La media sanción al proyecto, en la Cámara de Diputados de la Nación, contó con votos del oficialismo, el interbloque PRO-UCR y los gobernadores peronistas alineados a Casa Rosada: Raúl Jalil (Catamarca), Gustavo Sáenz (Salta), Osvaldo Jaldo (Tucumán), Hugo Passalacqua (Misiones) y Marcelo Orrego (San Juan).

Una primera lectura, permite sostener que no fue gratuito el apoyo de los gobernadores. A cambio, días antes recibieron ATN, cuya distribución estaba prácticamente paralizada y escasa desde la asunción de Milei hace dos años. Nula en algunas provincias como La Rioja, cuyo gobernador no negoció votos por recursos, una postura acompañada por el peronismo riojano y repudiada por un sector de la oposición local.

Una segunda lectura sobre los mandatarios dialoguistas o aliados al gobierno libertario marca una comparación negativa entre los montos de los ATN que recibieron con los fondos que perderán el año próximo según el Presupuesto.

Un repaso por el proyecto, realizado por el Centro de Economía Política Argentina (CEPA) tras su aprobación muestra los recursos en menos a distribuir.

- El total de recursos a las provincias por la Ley de Coparticipación Federal asciende a $70,8 billones. Al sumar el resto de las partidas que se transfieren por fuera de la Coparticipación, el total asciende a $73,9 billones. Esto implica caídas en términos reales de: 39,1% respecto a 2024; 36,7% respecto a 2025.

-El CONICET, organismo de apoyo a las provincias en investigaciones, gestión financiera y proyectos de ejecución técnica tendrá una reducción presupuestaria del 40%.

-Programas de agricultura, de comercio, turismo y otros servicios y de vivienda y urbanismo, entre muchos otros, ni siquiera están planteados.

-El artículo 30 elimina conquistas estratégicas para el desarrollo nacional: El 6% del PBI para educación prevista en la Ley de Educación Nacional. La inversión progresiva en ciencia y tecnología hasta el 1% del PBI. El Fondo para Escuelas Técnicas (entre la inversión ejecutada en 2023 y la proyectada para 2026, existe una caída del 93%).

-Menos fondos para becas estudiantiles, resultando en una caída acumulada del 76%.

-Otros organismos vinculados al ámbito científico y de innovación tecnológica, como el INTA, INTI, la CONAE y la CNEA, también tienen recortes importantes. Resalta la CONAE con una baja interanual del 34%.

-En Salud se desfinancian hospitales públicos, un brutal ajuste a los universitarios incluido el Fátima de la UNLaR, qué según la rectora Natalia Albarez Gómez, se arrastra desde hace dos años. En otras áreas, hay recortes de hasta el 90% en salud mental desfinanciación en prevención del VIH/ITS, salud sexual y reproductiva, entre otras.

-Programas Alimentar recortes de casi el 2% interanual y 30% acumulado; Comedores Comunitarios en 17%, con un 45% acumulado.

-El aumento a la Dirección Nacional de Vialidad, no compensa recortes de años anteriores, manteniendo una caída del más del 73% acumulada.

Ajuste pendiente

Un día después de Navidad será la sesión en el Senado y para entonces se sabrá si los senadores reponen leyes que fueron rechazadas en Diputados: Financiamiento Universitario y Emergencia en Discapacidad, restando así más fondos para las provincias.

Al cierre de esta columna, todo indicaba que la Cámara Alta, mantendría el proyecto con la eliminación de esas leyes para no demorar más la aprobación definitiva, ya que en caso de modificarlo debe volver a Diputados. Un sector del gobierno insiste en que sean repuestas.

Dos miradas

El tradicional bono de fin de año que no se pagará a estatales riojanos tuvo miradas o explicaciones opuestas durante la semana. Ricardo Quintela habló sobre el tema tras un acto de entrega de doscientas viviendas en esta ciudad Capital. Insistió en que no habrá bono ni aumento salarial, pero incluyó una explicación nueva: no se pueden usar fondos de obras públicas para salarios en respuesta a innumerables cuestionamientos en redes sociales, medios y páginas web sobre la disponibilidad de fondos para otras actividades y no para salarios.

La confusión, el desconocimiento -por interés o no- merece mayores explicaciones, casi haciendo docencia, sobre el uso de los recursos públicos y la necesidad de informar sobre cómo se utilizan los fondos, según su origen, afectación específica, gastos corrientes y gastos de capital, etc.

Otra explicación dio el diputado Martín Menem porque también fue víctima de una fake news que anunciaba que junto a Visconti gestionaban un bono de un millón de pesos. El legislador aprovechó la aclaración para acusar al gobernador de tener fondos suficientes para salarios sin necesidad de los “extras”, desconociendo a propósito, sin duda, que, hasta su padre, Eduardo Menem, cuando era senador los reclamaba.

La manipulación, la falta de transparencia y el desconocimiento causan, a veces más, daño que la propia falta de recursos.

Contrastes

Dos manifestaciones se concretaron en estos días en la provincia. Un sector autoidentificado como convocados de la administración pública demandó al gobernador -con discursos muy cercanos a los libertarios-, un aumento salarial.

La CGT, CTA, AMP y otros sindicatos movilizaron a la plaza 25 de Mayo contra la reforma laboral nacional que intenta el disciplinamiento de la clase trabajadora recortando derechos como huelga o jornada laboral; transferencia de recursos del trabajo a las patronales como reducción de aportes por ejemplo y desfinanciación de la ANSeS al enviar parte de esos aportes a un fondo por despidos, entre otras medidas. Estas movilizaciones, en todo el país, obligaron al gobierno a dar marcha atrás y pasar el tratamiento de la reforma para febrero.

Estas miradas ambivalentes, muestran por un lado provincias desfinanciadas; ajuste a sectores sociales, salud, cultura y ciencia; movilizaciones que reclaman a unos u otros; desconocimiento o explicaciones interesadas sobre el manejo de los recursos; quejas por aumentos de precios en alimentos y servicios y/o jubilaciones y salarios mínimos en contraste con los optimistas números que difunde el gobierno nacional sobre inflación, pobreza, crecimiento económico, mayor PBI, menos desempleo y más inversiones. Miradas diferentes para una misma realidad.

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