En el día de ayer, la Secretaria de Trabajo de la provincia junto al subsecretario participaron, mediante reunión virtual realizada vía Zoom, junto a autoridades laborales de las provincias de Buenos Aires, Formosa, La Pampa, Misiones, Santiago del Estero y Tierra del Fuego, en un encuentro institucional donde se suscribió una Carta de Intención en defensa del federalismo y de las competencias provinciales en materia laboral.

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La delegación riojana estuvo representada por la Secretaria Myriam Espinosa y el Subsecretario Juan José Busleiman, quienes formaron parte del intercambio técnico y político en el que las jurisdicciones analizaron el impacto de iniciativas legislativas vinculadas a la reforma laboral actualmente en debate a nivel nacional.

El documento conjunto expresa la preocupación de las provincias firmantes ante propuestas que podrían implicar una centralización de funciones vinculadas a la registración laboral en organismos nacionales, lo que, según se advirtió, podría afectar el ejercicio del poder de policía laboral que corresponde constitucionalmente a las provincias.

Las autoridades recordaron que el artículo 121 de la Constitución Nacional establece que las provincias conservan todas las facultades no delegadas a la Nación, entre ellas la inspección y fiscalización del trabajo, potestad reconocida también por doctrina consolidada de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Asimismo, remarcaron que la registración laboral no constituye un mero trámite administrativo, sino la base probatoria de la relación laboral y una herramienta esencial para garantizar los derechos consagrados en el artículo 14 bis de la Constitución Nacional.

En ese marco, se manifestó la posición institucional de la Provincia de La Rioja señalando que cualquier reforma laboral debe resguardar los derechos conquistados históricamente por las y los trabajadores argentinos a lo largo de años de lucha social, normativa y sindical, evitando retrocesos que debiliten garantías fundamentales o reduzcan estándares de protección laboral.

Las provincias coincidieron en avanzar en una agenda común orientada a fortalecer sistemas digitales de registración, mecanismos coordinados de fiscalización y normas provinciales que consoliden la capacidad de control territorial, entendiendo que la cercanía institucional es un factor clave para combatir la informalidad y garantizar condiciones dignas de trabajo.

Asimismo, no se descartó la posibilidad de impulsar acciones institucionales, legislativas y judiciales en resguardo de las competencias provinciales si avanzaran medidas que pudieran vulnerar el esquema federal previsto en la Constitución Nacional.

La Provincia de La Rioja ratifica que defender sus atribuciones en materia laboral no constituye solamente una posición jurídica, sino una decisión política destinada a proteger concretamente a cada trabajador y trabajadora, su salario, su estabilidad y sus condiciones de empleo.

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