
La federación cuestionó la Resolución 2076/2026 del INAES, que suspende las autorizaciones para funcionar de miles de entidades por incumplimientos documentales. El pronunciamiento se suma al reclamo de las cooperativas unidas y organizadas de La Rioja.
Según el comunicado de la federación, la resolución establece la suspensión de las autorizaciones para funcionar de aquellas entidades que adeuden documentación asamblearia y balances correspondientes al período comprendido entre el 1 de enero de 2023 y el 6 de agosto de 2026.
FEDECARA precisó que la disposición afecta a 6.667 cooperativas sobre un padrón de 8.210 entidades. En el caso de las mutuales, indicó que las organizaciones alcanzadas elevan el total a 8.505 sobre un universo de 9.083, lo que representa más del 90% de las entidades registradas de ambos sectores.
Desde la federación cuestionaron la decisión del organismo y advirtieron que la medida desconoce las dificultades económicas que atraviesan las organizaciones, entre ellas la caída de la actividad productiva y el incremento de los costos de certificación contable y legal.
En ese sentido, FEDECARA consideró que la resolución constituye un avance contra el sector de la economía social y el trabajo autogestionado. Además, responsabilizó al Gobierno nacional, encabezado por Javier Milei, y a las autoridades del Ministerio de Capital Humano y del INAES por la falta de políticas de promoción y acompañamiento a las cooperativas y mutuales.
Otro de los puntos señalados por la entidad fue la participación de representantes del propio movimiento cooperativo y mutualista en el directorio del INAES, cuyos integrantes avalaron la medida. Para la federación, esta situación agrava la responsabilidad institucional frente a las consecuencias que podría generar la suspensión.
Ante este escenario, FEDECARA convocó a cooperativas, mutuales, federaciones y confederaciones de todo el país a declararse en estado de alerta y movilización, y a coordinar acciones jurídicas, gremiales y políticas para intentar frenar la disposición.
El pronunciamiento se suma a la preocupación expresada por las cooperativas unidas y organizadas de La Rioja, que realizaron una conferencia de prensa para manifestar su rechazo a la resolución nacional y advertir sobre su impacto en las organizaciones locales.
El reclamo pone en el centro del debate la continuidad de miles de entidades vinculadas a la producción, la prestación de servicios y el sostenimiento de fuentes laborales, en un contexto económico que presenta dificultades para distintos sectores de la economía social.