Juan Cruz San Martín, abogado especialista en discapacidad y referente social y político del peronismo en Esteban Echeverria, explicó qué es la Ley de Emergencia en Discapacidad, cobertura, derechos y el rechazo por parte del Gobierno Nacional a la iniciativa.

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La Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) manifestó días atrás su enérgico rechazo al proyecto de Ley de Emergencia en Discapacidad impulsado por un sector de la oposición en la Cámara de Diputados. Se trata de una iniciativa regresiva, que apela a un modelo asistencialista que ya fracasó, desatiende los estándares internacionales y posterga la verdadera inclusión.

San Martín en contacto con Medios El Independiente sostuvo sobre este tema, “el compromiso que asumieron espacios como los medios, es muy importante para la comunidad con discapacidad, a la cual no pertenezco ni soy prestador. Es necesario entender de antemano que Argentina firmó un tratado internacional en el 2010, y llevó adelante leyes que en su conjunto protegen de manera integral a la persona con discapacidad y grupo familiar. Nadie se atreve a derogar una ley que habla de las prestaciones en favor de las personas con discapacidad, pero se atreven a desfinanciarla. Algo que es un mecanismo en general, ya había sucedido hace 4 años y hoy vuelve a suceder quizás algo más canallesca y lineal”.

Explicó que “el Certificado con Discapacidad no lo da cualquier médico, lo da el Estado. Hay juntas evaluadoras que son pertenecientes al Estado que evalúan, reciben la documentación de la persona que considera que le corresponde una certificación con discapacidad. No pueden ser otorgados de manera privada. Acceder a ser evaluados, antes era un requisito muy difícil y angustiante, pero más amigable que el actual. Uno debe llevar documentación personal, madre, padre, libreta de vacunación, además de unas planillas que deberían ser confeccionadas por médicos que podía ser mi médico que me conoce desde que nací, mi terapeuta, profesionales que vuelcan en esa planilla lo que realmente creen y conocen. Con eso la familia iba a la Junta Evaluadora. Ahí evaluaban, certifican o no la discapacidad. Ahora, piden que esas planillas previas que tenía que completar el médico, deben ser completadas por médicos especialistas del diagnostico hipotético de mi jurisdicción y que pertenezca a la gestión pública. Eso es muy complejo encontrarlo”.

El letrado remarcó “si ya ponemos una Junta Evaluadora que va a evaluar, déjame acceder con los papeles que tengo a mano y luego recházame los papales o la certificación. Es difícil de explicar la angustia que transitan las familias y hoy se multiplican por la desesperación. Cuando alguien adquiere el CUD, se deben fijar un montón de derechos extras. La persona con discapacidad arranca en desventaja en el mercado laboral de la comunidad. Cuando se adquiere el certificado, en caso de corresponder, tiene que ver el porcentaje de incapacidad, se les proporcionaba a las personas una Pensión No Contributiva por Discapacidad. Elemento que pone nervioso a algunas personas que hoy están en el Gobierno son 280 mil pesos por mes, por persona”.

San Martín añadió que la Agencia Nacional por Discapacidad (ANDIS) no firmó ninguna Pensión por Discapacidad desde un año y medio, coincide con la gestión actual. Lejos de eso, ponen en práctica Auditorias para aquellas personas que se “benefician” de una pensión, porque consideran que hubo tres o cinco ejemplos de casos que no correspondían. Persigamos y condenen a aquella persona que la obtuvo de manera que no le corresponde, pero necesitamos transparencia. Aquí lo que se busca es ajustar, deshacerse de las pensiones, y no fijarse si corresponden o no, ya nos pasó. Entre 2015 y 2019, dieron de baja 750 mil pensiones de un día para el otro y luego se fijaron si corresponden”.

Para más información, visitar la cuenta personal en Instagram: @sanmartinjuancruzok. 

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