Persecución
La derecha neoliberal y ahora libertaria intenta nuevamente imponer una economía de desregulación que afecta los derechos labores y la industria nacional mediante la persecución y la prisión a opositores.
Lo intentó en otras oportunidades; las más recientes en 1976 con la dictadura cívico militar; la presidencia de Carlos Menem en los 90 cuando privatizó y desmembró el Estado en nombre del neoliberalismo y con Mauricio Macri entre 2015 y 2019 que trajo de nuevo al FMI.
Ahora persigue opositores para mantener a un libertario, por eso la Corte Suprema de la Nación ratificó el fallo condenatorio a Cristina Fernández tras un juicio amañado para encarcelarla.
No es propio de la Argentina, ocurre y ocurrió en otros países del mundo, especialmente Latinoamérica con Lula en Brasil, en prisión acusado de corrupción; pasó con el vicepresidente de Ecuador, Jorge Glas, suspendido, enjuiciado y encarcelado en 2017, del partido del ex presidente Correa que tampoco puede regresar a su país por acusaciones similares; pasa con Castillo Terrones actualmente enjuiciado en Perú, destituido y encarcelado desde 2022; pasó y está pasando con Evo Morales quien enfrenta dificultades judiciales para candidatearse a la presidencia.
La lista suma muchos más, todos perseguidos y acusados por disminuir las desigualdades sociales, culturales y laborales que dejan estas políticas económicas que supuestamente gestionan con estabilidad macroeconómica y baja inflación, pero con sociedades en las que solo existen dos clases sociales: ricos y pobres.
Guerra jurídica
En todos los casos persiguen líderes que gobiernan con políticas de regulación económica que mejoren y equilibren la distribución de la riqueza hacia las clases populares. El ataque ya no viene con golpes de Estado sino con la “guerra jurídica o lawfare”, juicios que violentan procedimientos constitucionales y legales promovidos por un poder judicial sostenido en los medios comunicación y las redes sociales de propiedad de los poderosos grupos económicos de la era digital. Se enfocan en el desprestigio, persecución o inhabilitación de adversarios.
En el caso de CFK actuaron los fiscales y jueces federales porteños Diego Luciani, Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso y los cortesanos Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, en un proceso plagado de irregulares incluyendo dos groseras situaciones: Lorenzetti votó a su favor siendo el recusado y Giménez Uriburu recusado por integrar un equipo de fútbol con el ex presidente Macri (gestor de la persecución y promotor del juicio) provocó en plena audiencia usando un mate con el nombre del equipo mostrando total impunidad con un gesto que en cualquier juicio lo obligaría a apartarse. El ministro de la Corte Suprema de la provincia de Santa Fe, Daniel Erbetta, fue uno de los que descalificó el juicio y aseguró que en su cátedra de la Facultad de Derecho de la UNR lo usa para enseñar cómo no debe ser un juicio.
Estigmatización
Además, se generó un discurso crítico hacia las políticas del peronismo asociado al mensaje de “zurdos, socialistas y comunistas” que usan recursos exorbitantes y costosos beneficios sociales sostenidos “con la nuestra”, estigmatizando y criminalizando a los beneficiarios con conductas negativas o ilegales; cuestionando la efectividad con datos falsos o descontextualizados generando un fuerte rechazo de la sociedad a programas sociales como de la moratoria previsional y tantos más.
Un paso más fue “el discurso de odio” que afectó particularmente a Cristina Fernández al instalarse un neofascismo, típico de la derecha, que utiliza la violencia mediática para eliminar al opositor y consolidar poder con arengas como “nosotros o ellos” en referencia a dirigentes del peronismo u otros opositores y continuó con sus referentes “en féretros, ahorcados o decapitados” en la plaza pública e imágenes viralizadas que alcanzaron un punto culmine con el atentado contra la ex presidenta banalizado por las voces de un “periodismo” supuestamente objetivo centralizado en medios dominados por Clarín, La Nación y Radio Mitre que se replican en todo el país. Voces que atribuyeron el intento de magnicidio a “marginales, lúmpenes, locos sueltos” sin mostrar las evidencias de que estaban financiados por la familia Caputo, que forma parte de la Argentina financiera, ahora instalada en el ministerio de Economía y avanzando sin tregua sobre los recursos del país.
Este contexto de rechazo a políticas sociales y de “odio” hacia la dirigencia peronista es la explicación para que hoy, ciudadanos mayores de 50 beneficiados con jubilaciones, tarifas subsidiadas, derechos laborales, de salud o culturales sostengan que “el costo económico” de todos esos programas sociales se “los robó Cristina”. La porción etaria más joven es comprensible que por no haber vivido durante sus presidencias, haya asimilado más rápidamente estos mensajes de rechazo, tal cual lo revelan las encuestas.
Claro que no todo es odio y persecución, una inmensa mayoría, casi similar a los que odian ha ganado la calle, las redes sociales y los medios de comunicación más favorables para reconocer a la justicia social que encarna CFK como política para garantizar derechos. Pone énfasis en sus dichos: “van por todo, pero no por mí. No vienen por mí, vienen por ustedes, por los salarios, los derechos de los trabajadores, de los jubilados, del endeudamiento”.
Peronismo en debate
Fue así como el discurso persecutorio contra CFK y contra la justicia social dejó al peronismo en un estado de debate y discusión sobre su futuro puesto al limite con el encarcelamiento de la ex presidenta que se concretará esta semana, según lo dispongan los jueces.
Una incógnita será la continuidad del vínculo con sus seguidores, preocupación que escaló entre quienes la persiguen a tal punto que algunos comunicadores instalaron el mensaje de aislarla física y políticamente hasta su muerte. Subyace en este deseo, aunque lo nieguen, la idea de hacer desaparecer a los peronistas, tal como ocurrió con los bombardeos en 1955 en Plaza de Mayo, los fusilamientos en el 56 o los 30 mil desparecidos en los 70.
Justifica la preocupación de sus perseguidores si se tiene en cuenta que Perón, desde España, en épocas en que no existía Internet, sus mensajes llegaran ininterrumpidamente a Argentina sin que alguna turbulencia los hiciera volar por los aires.
En tanto, la dirigencia peronista tendrá el desafío de participar o no en los próximos procesos electorales, aparentemente dividida porque hasta ahora solo se abroquelaron alrededor del kirchnerismo, algunos otros dirigentes que se habían distanciado cuya capacidad de movilización es relativa, salvo Ricardo Quintela con una provincia con poco caudal electoral pero fuerte presencia mediática nacional.
Peronistas vs peronistas
Políticamente, Quintela insiste en atraer a la dirigencia peronista alejada del partido. Esta semana el PJ nacional convocará a los gobernadores y ahí se sabrá quienes están por la unidad manteniendo como líder a la propia Cristina. Podrían asistir los mandatarios de Catamarca, Tucumán, La Pampa, Formosa y Buenos Aires. Hay otro sector disidente, el bloque Encuentro Federal que será difícil sumar, salvo los diputados Pichetto y Natalia de la Sota que cuestionaron el fallo y el juicio.
Mucho más lejos de la unidad está el peronismo cordobés liderado por Schiaretti, al que ahora adhiere el exdiputado y exintendente riojano, Paredes Urquiza, entre los que expresaron satisfacción por la condena. Es el peronismo al que también quiere rescatar el riojano Quintela quien tendría poco éxito en la tarea menos tras haber visitado a CFK en su domicilio del barrio porteño de Constitución donde pide cumplir la pena. Es que también los separa la cercanía de ese peronismo con las políticas económicas de la derecha a las que el gobernador rechaza enfáticamente.
A nivel país, los tiempos por venir serán de definiciones para la oposición peronista que según el termómetro de opiniones callejeras (incluidas redes sociales) y las encuestas no lo miden con posibilidades de ganar elecciones, pero como las predicciones económicas se anuncian muy negativas para las mayorías se esperanzan en un cambio en el electorado.
En La Rioja, donde los índices económicos laborales caen en forma mensual junto con el consumo en el sector comercial y con los recursos nacionales coparticipables que deberían garantizar un nuevo aumento salarial o un mantenimiento -subsidios mediante- de otras actividades económicas, se avecina el anuncio de las elecciones provinciales para renovar diputados provinciales que, por el vencimiento cercano de los plazos de convocatoria, quedaría firme que serán simultáneas con las nacionales en octubre y con dos sistemas electorales diferentes.
También se avecinan decisiones en las fuerzas políticas que participaran, tanto libertarias o peronistas que no quieren ser quintelistas. El oficialismo local sigue mostrándose unido pero la división vendría por el lado del registro de candidatos con partidos provinciales que, de ser electos, se integrarían al bloque peronista mayoritario.
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