De ese monto, US$ 3.000 van a llegar este año. El destino es sostener las reformas fiscales, fomentar la inversión privada y apoyar políticas de protección social. Alerta por la pobreza y la informalidad laboral.

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El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) aprobó un plan de financiamiento de tres años hacia la Argentina por un total de USD 10.000 millones, de los cuales USD 3.000 millones se desembolsarán a lo largo de 2025. Un comunicado de la entidad informó que el directorio dio el visto bueno a “una hoja de ruta elaborada junto con el Gobierno argentino para apoyar al país a consolidar su transformación y fortalecer un modelo de desarrollo sostenido y resiliente”.

El destino de los fondos que envíe el BID fue dividido en tres pilares: reformas fiscales y mejora de la administración tributaria; medidas para la “liberalización la economía para desbloquear la inversión privada”; y programas para acelerar la reducción de la pobreza.

Advertencias en el informe del BID

Según el organismo, desde 2010 el país muestra un bajo nivel de crecimiento, asociado al “retroceso del sector privado y de la muy elevada inestabilidad macroeconómica”, factores que contribuyeron al aumento sostenido de la pobreza por ingresos en 7,8 puntos porcentuales entre 2016 y 2024.

El informe subraya que la aceleración inflacionaria respondió “principalmente a la continua expansión monetaria de origen fiscal y cuasi fiscal”. No obstante, reconoce avances recientes vinculados al proceso de consolidación fiscal iniciado en 2024, que permitió “alcanzar el primer superávit fiscal tras 14 años de déficit”.

En el plano social, el BID señala que el principal desafío sigue siendo reducir la pobreza, que “ha oscilado entre 25% y 53% en los últimos 20 años”.

Más allá de las últimas mejoras, el BID advirtió que persisten dificultades estructurales: la tasa de indigencia se mantuvo elevada, con un pico de 18,1%, y “más de la mitad de los niños entre 0 y 14 años se encuentran en situación de pobreza”. También señaló una tasa de informalidad laboral de 36,1 por ciento.

En relación con la política macroeconómica, el BID indicó que “la estabilidad macroeconómica es uno de los objetivos primordiales de los próximos años para el Gobierno”, que busca mantener el equilibrio fiscal. Finalmente, el BID describe como grandes desafíos de desarrollo del país la estabilidad económica, la equidad social y el impulso al sector privado.

Además, advirtió que “Argentina mantiene una baja tasa de innovación” y que la cantidad de empresas exportadoras de bienes pasó de 14.444 a 9.567 en 14 años. En este contexto, el informe identificó que la agenda oficial combina consolidación fiscal y desregulación económica en el corto plazo, junto con reformas para el mediano y largo.

El organismo multilateral anticipó que asistirá “los esfuerzos del Gobierno de Argentina para contribuir a la sostenibilidad fiscal y mejorar la eficiencia general del sistema tributario”, con énfasis en reducir la dependencia de “impuestos distorsivos de la actividad económica” y eliminar exenciones y deducciones que limitan la capacidad recaudadora.

El BID alertó que más de la mitad de los niños entre 0 y 14 años vive en situación de pobreza; mencionó que existen déficits en materia de atención primaria de salud, cobertura médica, incidencia de enfermedades crónicas no transmisibles y fragmentación e ineficiencia del gasto en salud; y en materia educativa, el documento señala que “los déficits de calidad educativa de las últimas décadas se profundizaron con la pandemia”.

El BID identificó riesgos relevantes para la economía argentina, de origen fiscal, externo y político. El informe alerta sobre la fragilidad de la posición de liquidez externa, es decir, la falta de reservas en el Banco Central y la falta de mayorías legislativas que podrían extender los tiempos de aprobación de reformas clave. Advierte también sobre la posibilidad de “fatiga social ante medidas de ajuste”.

El organismo apuntó como elemento relevante la vulnerabilidad frente a shocks externos que deterioren los términos de intercambio o las condiciones financieras internacionales, explicado por ese nivel inicial bajo de reservas internacionales. Estos factores pueden tener “implicancias sobre costos operativos y el espacio fiscal”.

Asimismo, señala que “episodios de volatilidad macroeconómica asociados a shocks externos y riesgo de demora de reformas y reversión de políticas impactarían las inversiones privadas”. Por último, advierte sobre el impacto potencial de shocks en el refinanciamiento de deuda en pesos sobre el resultado financiero y el margen fiscal.

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