
Ante la grave situación vial en la Provincia, la Asociación Madres del Dolor presentó un petitorio y un proyecto de ley para que se declare la emergencia vial, se refuerce la educación y prevención en todos los niveles educativos y se garantice atención a las víctimas en todo el territorio.
La Asociación Madres del Dolor solicitó formalmente a la Legislatura provincial, en junio de este año, que declare la emergencia vial en toda la Provincia, ante la alarmante cantidad de siniestros de tránsito que se cobran vidas y dejan secuelas irreversibles.
La titular de la Asociación Madres del Dolor, Mirta Collante, informó, ante EL INDEPENDIENTE, los aspectos principales que contempla el proyecto y que espera que Diputados pueda analizarlo para luego ser aprobado.
La iniciativa propone una serie de medidas concretas para reducir accidentes y salvar vidas: educación vial obligatoria para conductores y peatones en todos los niveles educativos, campañas de concientización permanentes y aprovechamiento de herramientas tecnológicas e inteligencia artificial.
Además, el plan contempla la creación de oficinas de atención a víctimas en los departamentos del interior, mejoras en la infraestructura vial —calles, rutas, alumbrado público, señalización, cámaras de monitoreo, espejos y semáforos—, y el fortalecimiento de operativos de control de tránsito en todo el territorio provincial.
El proyecto también impulsa la capacitación continua para el personal de tránsito, la intervención activa de los juzgados de faltas con sanciones efectivas y la difusión de mensajes de prevención a través de medios tradicionales, redes sociales, plataformas de streaming y dramatizaciones en espacios públicos.
Otro de los ejes es la revisión de la legislación vigente para endurecer sanciones: Collante remarcó que, aunque el Decreto de Alcohol 0 está en vigencia, “ese dinero debe reinvertirse en cartelería y controles” y sugirió trabajar en una ley que permita quitar el registro de conducir y detener a quien maneje alcoholizado.
Finalmente, la propuesta convoca a distintos organismos –Ministerios de Educación, Justicia y Salud; Policía; Poder Legislativo y Judicial; Tribunal Superior de Justicia; fiscalías y defensores; ONGs y la ciudadanía– a trabajar de forma coordinada para revertir una situación que deja víctimas fatales y heridos con secuelas irreversibles, además de un alto costo económico para la provincia.