Tras la multitudinaria marcha en La Rioja en defensa de los derechos de las personas con discapacidad, Celia Flores, propietaria del Centro de Interdisciplinario Aprendiendo Servicio de Apoyo a la Inclusión, dio su postura sobre el veto del Presidente Milei. Reflejó las consecuencias en las prestaciones, sumado la falta de pagos de los tratamientos por parte de obras sociales.

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En contacto con Medios El Independiente, Flores sostuvo que “hay mucho impacto o seria grande el impacto a partir del veto, las instituciones estamos casi en el borde, muchas están cerrando porque el pago a profesionales está parado, el valor de la prestación que uno brinda está nomenclador a nivel nacional. Ese nomenclador no se modificó desde diciembre, y desde el 2024 fue entre un 3 y 4 por ciento el aumento. Esto viene arrastrando muchas dificultades en lo que es el servicio de discapacidad. Con la ley se veía una luz, incluyendo un aumento mensual automático, algo que se vaya movilizando en términos de ingresos”.

Explicó que el centro actualmente cuenta con 40 profesionales entre las áreas de psicopedagogía, Psicología, Fonoaudiología, Terapia Ocupacional, acompañantes terapéuticos y profesores de Educación Especial.

Agregó que “nosotros tenemos profesionales a los cuales no se les puede aumentar el sueldo desde el mes de diciembre. Estamos a agosto y tengo que decirles que son libres de continuar o no, porque no puedo ofrecerles económicamente una mejora salarial. Eso hace que uno tenga mucha movilidad de profesionales, todos pretendemos vivir de nuestra profesión. A esto tal vez se ve afectado el paciente en el cambio de profesionales, sobre todo si hay discapacidades más complejas que cuestan establecer vínculos. Y por otro lado, depende de las obras sociales. Hay obras sociales que no están pagando desde abril, o autorizaciones que aún no salieron, no se pueden facturar para cobrarlas dentro de tres meses”.

“En muchos casos se vienen sosteniendo los tratamientos pese a los desfasajes porque los profesionales lo deciden, se disminuye el tiempo de sesión, para no dejar a los usuarios en los servicios. Donde más afectado se ve es en el trabajo escolar, acompañamiento. Si una obra social no le cubre la prestación, estamos hablando de 320 mil pesos el valor por docente. La afectación de no tener cobertura de una obra social es amplia”, dijo.

Añadió que vamos sosteniendo como se puede, en algún momento no se puede más. Hay varias cuestiones que estarían siendo afectadas si esta ley no sale, lo que propone esta es un ordenamiento en muchos aspectos, tanto para profesionales como la defensa que me toca hoy. Pero también en cuanto a las necesidades y otros aspectos de las personas con discapacidad, que no son consideradas, que fueron planteadas durante mucho tiempo y hace tiempo como derechos y hoy se vulneran. Hay un permanente estado de sospecha, no solo con discapacidad, sino con todo. Con las personas con alguna condición, si es verdad o no. No dependemos de un sueldo del Estado sino de las prestaciones que brindamos, no facturamos no cobramos”.

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