El abogado David Calipo, quien denunció graves irregularidades en el accionar de la jueza Virginia Nelly Illanes Bordón, fue citado a declarar como testigo por el Consejo de la Magistratura de La Rioja.

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La notificación oficial, fechada el 20 de noviembre de 2025, convoca al letrado a prestar testimonio el próximo 25 de noviembre a las 9.00, de manera presencial o vía Zoom. La cédula —emitida en el marco de los expedientes Nº 1.523, 1.526 y 1.528— señala que la Comisión de Investigación y Disciplina consideró “necesario” escuchar a Calipo en relación con la denuncia que presentó contra la magistrada del Juzgado de Instrucción Criminal y Correccional Nº 2 de Chilecito.

El organismo también citó a otros involucrados para avanzar en el análisis de una posible causal de juicio político y enjuiciamiento. La convocatoria surge luego de que Calipo volviera a cuestionar por medio EL INDEPENDIENTE a Illanes por su actuación en la investigación del homicidio de Exequiel González, ocurrido en 2013.

El abogado denunció que la jueza dictó un sobreseimiento en 2020 sin notificar a las partes y permitió que la causa quedara archivada hasta prescribir, pese a que el fiscal había pedido la elevación a juicio en 2016. El caso tomó nueva dimensión cuando el juez Jorge Jalil, al revisar expedientes, descubrió la resolución omitida y el archivo irregular. Desde entonces, Calipo responsabiliza a la magistrada por la prescripción y acusó al Consejo de la Magistratura de “inacción” ante cientos de causas presuntas de similar destino. Antecedentes que agravan el cuadro Illanes se encuentra con licencia médica desde hace meses y enfrenta un proceso penal paralelo.

En mayo de este año, el juez Alberto Marcelo Carrizo la procesó por cohecho pasivo agravado, prevaricato y estafa, acusándola de recibir sobornos y dictar fallos contrarios a la ley. Aun así, continúa formalmente en funciones hasta que la Cámara de Diputados trate su desafuero.

“La verdad empieza a abrirse” Tras recibir la cédula, Calipo publicó un mensaje en sus redes donde afirmó que la citación representa “el resultado de una lucha que lleva tiempo”. Agregó que su objetivo es “una justicia transparente, sin privilegios y sin uso indebido del poder judicial”. “Cada situación expuesta perjudicó a personas que buscaban justicia.

La verdad empieza a abrirse paso”, expresó el abogado, quien se mostró confiado en que el proceso disciplinario avance. La audiencia del 25 de noviembre será el primer paso formal para determinar si las denuncias contra la magistrada —ya envuelta en polémicas penales y administrativas

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