
El diputado provincial, Diego Molina Gómez sería citado esta semana por la Comisión de Asuntos Constitucionales de la Legislatura riojana por las acusaciones contra una diputada chileciteña de la UCR y un supuesto acuerdo con el Bloque Justicialista para que integre el Consejo de la Magistratura. Se pide sancionar al legislador libertario con suspensión sin goce de haberes.
La cuestión está siendo investigada desde principios del mes de mayo por la comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia, Seguridad, Peticiones, Poderes y Reglamento que tiene por función dictaminar sobre todo proyecto o asunto que pueda afectar principios constitucionales y democráticos.
Molina Gómez presentó una respuesta escrita sobre sus dichos, pero la comisión consideró que no había precisiones ni fundamentaciones específicas por lo que se decidió que sea citado para esta semana a fin de que en forma presencial de las explicaciones que se le exigen.
La comisión está conformada por 15 diputados: 12 del peronismo, 1 de Fuerza Patria aliado al PJ, uno de la UCR y uno de LLA . La preside el diputado Federico Sbíroli (PJ-Sanagasta) y el resto de los integrantes son: Cristian Pérez (PJ-R. Vera Peñaloza-Chepes); Gabriela Rodríguez (UCR-Chilecito); Carla Aliendro (PJ-Chamical), Ismael Bordagaray (Fuerza Patria-Capital), Oscar Chamía (PJ-Felipe Varela-Villa Unión), Marcelo del Moral (PJ-Castro Barros-Aminga); Andrea Juárez (LLA-Capital), Sofía Laso (PJ-Famatina), Yuliana López (PJ-R.Vera Peñaloza-Chepes), Noelia Oros (PJ – Independencia-Patquía), Lourdes Ortiz (PJ-Capital), Luis Rojo (PJ-Lamadrid-Villa Castelli), Claudio Ruiz (PJ-Chilecito) y Antonio Veragua (PJ-Felipe Varela-Villa Unión).
La cuestión de privilegio fue pedida por dos legisladores —el justicialista Cristian Eduardo Pérez y la radical Gabriela Azucena Rodríguez—contra el diputado de La Libertad Avanza, Diego Molina Gómez y votada afirmativamente por la mayoría.
Contexto legal
En la comisión ingresó como expediente 18A-00335-2026, encuadrado en los artículos 114° inciso 6, 115° y 116° del Reglamento Interno de la Cámara y en los artículos 116°, 117° y 118° de la Constitución Provincial que tratan sobre los agravios “contra un miembro de la Cámara, dentro o fuera de ella” debe ser sancionada; suspendido en sus funciones por la facultad disciplinaria que tiene la Cámara.
Origen del conflicto
En la sesión ordinaria del 16 de abril, cuando la Cámara aprobó la Ley N°10.864 de Reforma del Consejo de la Magistratura, Molina Gómez afirmó desde la banca que el proyecto constituía «un traje a medida para que el gobernador premie a su sobrina con la presidencia la próxima semana y, de paso, darle el manejo de otra SAF».
Las declaraciones no se limitaron al recinto. A través de su cuenta de Facebook, el legislador reiteró los conceptos y los amplió: acusó a un sector de la Unión Cívica Radical de haber concretado un «acuerdo histórico» con el PJ a cambio de mantener su lugar en el Consejo de la Magistratura, insinuando que «nada nuevo, se reparten cargos», en este caso se refería, sin nombrarla a la diputada del radicalismo por Chilecito, Gabriela Rodríguez porque ya estaba ocupando el cargo en Magistratura.
En la sesión, el diputado Cristian Pérez, en representación del bloque mayoritario del PJ, calificó las publicaciones en redes sociales como una "metodología de avasallamiento" importada del gobierno nacional que busca poner en duda «la honestidad, la integridad de las personas y el accionar de bien de quienes estamos en la política». "En la provincia de La Rioja, y por lo menos en esta Cámara de Diputados, no lo vamos a permitir " afirmó.
“Poco valiente”
La diputada Rodríguez, del bloque UCR —aludida directamente por las publicaciones de Molina Gómez—rechazó las insinuaciones de acuerdo político: "La democracia no es declamativa ni tiene dueños, sino que se construye con la opinión, con la visión, con el parecer, de buena fe", señaló ante el recinto.
Rodríguez también interpeló directamente a Molina Gómez, a quien calificó de "poco valiente" por criticar en redes sin presentarse en las comisiones a dar el debate. Solicitó que el legislador de LLA ratificara o rectificara sus dichos en el propio recinto institucional.
En el escrito formal de ambos legisladores sostuvieron que las afirmaciones de Molina Gómez tienen “total falta de fundamentos y seriedad, erigiéndose hasta en violencia institucional». Agregaron que atribuirle a la sanción de la Ley 10.864 motivaciones de tráfico de influencia implica una acusación de violación a la ética pública y a la ley penal.
En el texto también se pidió como sanción la suspensión por la cantidad de sesiones que estime pertinente la Cámara, sin goce de haberes. La Comisión de Asuntos Constitucionales deberá ahora dictaminar y elevar su resolución para que en sesión ordinaria se concrete la votación definitiva.
“A nuestro partido le niegan los cargos”
El reclamo al diputado Molina Gómez es que acusó a una diputada de vender su voto y no presentó pruebas y que acordó con el PJ para mantenerla como integrante del Consejo de la Magistratura. La legisladora aclaró que ya fue parte del Consejo y que Molina Gómez desconoce que la ley no le permite seguir porque pronto dejará de ser diputada.
El diputado libertario relacionó su denuncia con que, a “nuestro partido le niegan los cargos” que le corresponden por ser primera minoría opositora. Sostiene que eso también es una inconducta que agravia el honor de la Legislatura y agrega que esos cargos “casualmente siempre se los respetaron a la UCR como partido opositor”.
Denunció que a los referentes de “LLA en La Rioja nos han inventado causas penales para impedir que asumamos nuestras bancas. Todos los medios mercenarios nos atacan” y anticipó una guerra política que traspasará al quintelismo y socios ocultos en La Rioja. Caerán máscaras, y se concretará la jubilación definitiva de la vieja política que en los últimos 20 años permitió la degeneración social que nos rodea”.
Habló del perjuicio económico personal si le quitan los haberes por su situación actual al punto que se traslada en colectivo al recinto legislativo.